Ocho entidades de los sectores eléctrico e industrial enviaron una solicitud formal al Congreso Nacional para revocar los vetos del presidente Luiz Inácio Lula da Silva a la ley de parques eólicos marinos.
El documento fue remitido al Presidente del Senado, David Alcolumbre (Unión-AP), y al Presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Motta (Republicanos-PB). Según las entidades, los cambios realizados por el gobierno pueden afectar las inversiones en el sector y aumentar los costos de energía en Brasil.
Además, las asociaciones argumentan que eliminar estos puntos perjudica la previsibilidad del mercado energético. Por lo tanto, los inversores pueden sentirse inseguros a la hora de realizar inversiones en el sector, lo que compromete el crecimiento de energias renovables.
Principales puntos vetados
Entre los apartados vetados en la sanción presidencial, dos puntos son considerados cruciales por el sector:
- Este raro producto podría convertir a Brasil en uno de los países más ricos del planeta.
- Refinería de Petrobras contratará a 5 personas para trabajar como pintores, caldereros, mecánicos, electricistas, gorrones, andamieros, entre otros.
- Brasil y China discuten implementación de corredor que acercará al país a su socio asiático
- Los inversores ahora consideran a Bitcoin como una acción tecnológica: la criptomoneda se considera un activo macroeconómicamente sensible.
- Aplazamiento del fin de la contratación de centrales térmicas hasta 2050 con Contratos de Comercialización de Energía en el Entorno Regulado (CCEAR). Según el Gobierno, esta medida podría prolongar la dependencia de las fuentes fósiles, retrasando la transición a las energías renovables.
- Prórroga por 20 años de los contratos de las Pequeñas Centrales Hidroeléctricas (PCH), plantas de biomasa y energía eólica incluidas en el Programa de Incentivo a las Fuentes Alternativas de Energía Eléctrica (Proinfa). La justificación del Gobierno es que esta prórroga crearía un desequilibrio en el mercado energético, dificultando la competencia y afectando la innovación en el sector.
Además, el gobierno argumenta que mantener estas reglas sólo beneficiaría a algunas empresas. Al mismo tiempo, evitaría la entrada de nuevos competidores al sector. Para evitar este escenario se aplicaron vetos.
Impactos en el sector eléctrico
Las entidades firmantes de la solicitud advierten que mantener los vetos podría tener impacto Nuevas inversiones, el desarrollo de fuentes renovables y la generación de empleos.
Según los cálculos presentados, la revocación de los vetos Podría atraer R$ 68 mil millones en inversiones y generar 200 mil nuevos empleos al año.
Además, el grupo sostiene que la expansión de Centrales hidroeléctricas de hasta 50 MW podría reducir la necesidad de centrales térmicas. De esta manera se produciría una transición más sostenible hacia fuentes más limpias y menos costosas.
Otro punto destacado en el documento enviado al Congreso es el impacto en costos de electricidad.
Según las estimaciones, revocar los vetos reduciría el precio de la energía para los consumidores. En el caso de PCH, el coste por megavatio-hora aumentaría de $ 465 a $ 285. Para las Parques eólicos de Proinfa, la reducción sería De R$ 801 a R$ 189 por MWh.
Por ello, las entidades argumentan que derogar los vetos tendría impactos positivos tanto en el mercado como en los consumidores finales. De esta forma se podría garantizar un sector energético más accesible y competitivo.
Problema de seguridad energética
Otro argumento central del sector eléctrico es que revocar los vetos podría fortalecer la seguridad energética nacional.
Las entidades señalan que, de concretarse la ampliación del centrales hidroeléctricas de hasta 50 MW, habría un aumento de 4,9 GW de capacidad firme en el sistema. Con ello, esta ampliación sustituiría 3,75 GW de plantas térmicas alimentadas con gas natural, previsto en el Ley Eletrobras de 2021.
Además, los firmantes del documento destacan que La generación térmica vetada ya estaba prevista en la legislación anterior. Para el sector, su sustitución por fuentes renovables sería más económico y sostenible.
Con ello, se podría fortalecer la matriz eléctrica brasileña sin comprometer la competitividad del sector. Además, la integración de nuevas fuentes renovables reduciría los riesgos asociados a la fluctuación de los precios de los combustibles fósiles.
Impacto en Proinfa y facturas de electricidad
La propuesta también contempla los impactos sobre Programa de Incentivo a las Fuentes Alternativas de Energía Eléctrica (Proinfa), que financia proyectos de energía renovable.
Según las entidades, revocar los vetos permitiría una Alivio de R$ 1,4 mil millones en la Cuenta de Desarrollo Energético (CDE) en 2025. Este factor reduciría el costo de la energía para los consumidores y las empresas.
Además, la expansión de la energía hidroeléctrica podría ayudar a compensar la intermitencia de los parques eólicos marinos, garantizando una matriz más equilibrada.
Con este cambio se podría ofrecer una mayor estabilidad en el suministro energético, evitando fluctuaciones de precios en el tiempo.
Por otro lado, la falta de incentivos a las fuentes renovables podría comprometer la competitividad de Brasil en la transición energética. Como resultado, el país podría perder oportunidades de inversión estratégica en el sector.
Entidades firmantes de la solicitud
La solicitud de revisión de los vetos fue firmada por las siguientes entidades del sector eléctrico:
- Asociación Brasileña para la Generación de Energía Limpia (Abragel)
- Asociación Brasileña de PCHs y CGHs (ABRAPCH)
- Asociación Gaucha para la Promoción de Pequeñas Centrales Hidroeléctricas (AGPCH)
- Asociación de Pequeñas Centrales Hidroeléctricas de Goiás (APCH)
- Asociación de Productores de Energía de Santa Catarina (Apesc)
- Unión Intermunicipal de Empresas de Generación, Transmisión y Distribución de Energía del Estado de Minas Gerais (SINGTD)
- Sindicato de la Industria de la Construcción, Generación, Transmisión y Distribución de Energía del Estado de Goiás (Sindienergias)
Las entidades manifiestan que la revocación de vetos por el Congreso garantizará seguridad jurídica y previsibilidad para el sector eléctrico.
Este cambio podría facilitar nuevas inversiones y permitir que Brasil Avanzar en la transición energética de forma competitiva y sostenible. Además, la medida puede generar beneficios directos para el consumidor, reduciendo el coste de la electricidad a largo plazo.
Con esto, el país contaría con una matriz más equilibrada, sostenible y eficiente, garantizando el suministro de electricidad de forma confiable y accesible para la población.