La normativa publicada en octubre redefine el cálculo de ingresos para la concesión y mantenimiento del Beneficio de Prestación Continuada (BPC), amplía las fuentes consideradas y refuerza el cruce de datos del CadÚnico.
Las nuevas reglas del gobierno para el Beneficio de Prestación Continuada (BPC) alteran la forma en que se calcula el ingreso familiar y amplían la fiscalización sobre quienes reciben la ayuda. El Ministerio de la Previdencia determinó que las actividades informales, los llamados “trabajos ocasionales” y el seguro de desempleo se consideran en el cálculo del ingreso per cápita utilizado para la concesión y mantenimiento del beneficio.
El BPC se paga a personas mayores de 65 años y a personas con discapacidad de cualquier edad, siempre que el ingreso familiar por persona no supere 1/4 del salario mínimo. De acuerdo con el especialista VALTER DOS SANTOS, con las nuevas reglas, el gobierno busca hacer más transparente el proceso de verificación, pero también endurece el control sobre quienes continúan recibiendo el beneficio.
Qué cambia en el cálculo del ingreso familiar
Antes de la normativa, parte de los ingresos informales no se incluía en el cálculo del ingreso mensual. Ahora, cualquier actividad remunerada, incluso sin vínculo formal, debe ser declarada, como ventas autónomas, pequeños servicios y trabajos temporales. También se incluyen beneficios de otros regímenes públicos, incluido el seguro de desempleo.
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El objetivo, según el gobierno, es impedir el acúmulo indebido de beneficios y mantener el equilibrio presupuestario de la asistencia social.
La norma, sin embargo, genera dudas entre los beneficiarios que dependen de ingresos eventuales para complementar su sustento.
Exigencia de CadÚnico actualizado y CPF regular
Para continuar recibiendo el BPC, es obligatorio estar inscrito y tener los datos actualizados en el Cadastro Único (CadÚnico). La normativa también exige que el beneficiario mantenga el CPF regular y tenga la biometría registrada en alguna base federal.
Esta información será cruzada mensualmente con datos de otros organismos públicos, lo que incluye movimientos financieros, registros laborales y recepción de otras ayudas.
Los especialistas advierten que inconsistencias en el registro pueden llevar a la suspensión automática del beneficio, especialmente durante las revisiones periódicas.
Revisión obligatoria cada 24 meses
A partir de ahora, el BPC será reevaluado cada dos años, basado en la información del CadÚnico y en eventuales cambios de ingresos, dirección o composición familiar.
Además de la revisión bianual, el INSS realizará verificaciones mensuales de cruce de datos para identificar indicios de acúmulo de beneficios o variaciones de ingresos por encima del límite permitido.
A pesar del aumento del control, la normativa garantiza que las variaciones temporales de ingresos no resultarán en un corte inmediato, siempre que la media de los últimos 12 meses se mantenga igual o inferior a 1/4 del salario mínimo por persona.
Quién tiene derecho y qué no se incluye en el cálculo
El BPC sigue destinado a dos grupos: personas mayores de 65 años y personas con discapacidad que demuestren limitaciones a largo plazo y situación de vulnerabilidad. Para estos públicos, la evaluación biopsicosocial será realizada por un médico perito del INSS y puede realizarse presencialmente o por videoconferencia.
Certain ingresos no se incluyen en el cálculo del ingreso familiar, como becas de prácticas, contratos de aprendizaje, indemnizaciones por desastres (como rupturas de represas) y beneficios de hasta un salario mínimo recibidos por otros ancianos o personas con discapacidad de la misma familia. El auxilio-inclusión tampoco afecta la elegibilidad al BPC.
El refuerzo en el cruce de datos y la revisión del CadÚnico amplía la capacidad de detectar irregularidades y suspender pagos.
El gobierno afirma que la medida busca corregir distorsiones y garantizar que el beneficio llegue a quienes realmente lo necesitan.
No obstante, los analistas sociales advierten sobre el riesgo de bloqueos indebidos, especialmente entre trabajadores informales de bajos ingresos.
El control será gradual, pero ya empieza con el monitoreo de movimientos bancarios, uso de tarjetas y transferencias vía Pix.
La recomendación es que los beneficiarios mantengan todos los datos actualizados y los comprobantes de ingresos accesibles, evitando inconsistencias que puedan generar cortes automáticos.
Las nuevas reglas del gobierno marcan un cambio en el control del BPC: más digital, más cruzado y menos tolerante a omisiones. Al incluir trabajos ocasionales y seguro de desempleo en el cálculo y exigir revisión periódica de 24 meses, el sistema se aproxima a un modelo automatizado de verificación constante.
¿Y tú? ¿Crees que estas medidas hacen que el sistema sea más justo o aumentan el riesgo de cortes para quienes viven de ingresos informales? Comparte tu opinión tu experiencia ayuda a entender los efectos reales de este cambio en la vida diaria de quienes dependen del beneficio.


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