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Bradesco e Itaú corren a la Justicia para frenar la quiebra de Oi y tratar de salvar R$ 4 mil millones antes de que los activos se conviertan en polvo
La ofensiva jurídica contra la quiebra de Oi entró en una fase decisiva, con Bradesco e Itaú acionando al Tribunal de Justicia de Río para suspender la decisión que puso fin a la recuperación judicial de la tele. Los dos bancos, junto a BB, Caixa y Santander, tienen alrededor de R$ 4 mil millones a cobrar a través de fianzas y apuntan a un escenario en el que la compañía regrese al régimen de reestructuración, en lugar de ser liquidada.
En la práctica, los acreedores intentan transformar la quiebra de Oi en una etapa reversible, al menos hasta que la segunda instancia evalúe si la liquidación es de hecho el camino menos dañino. La evaluación interna es que la operadora está vacía, con activos que han perdido valor y cuya venta apresurada puede convertir patrimonio relevante en poco o ningún retorno financiero, ampliando el riesgo de que “sobre solo polvo” para quienes quedaron al final de la fila.
Cómo Bradesco e Itaú intentan revertir la quiebra de Oi
El primer frente es procesal. Bradesco e Itaú ya han presentado recursos solicitando efecto suspensivo a la decisión de la Séptima Vara Empresarial de Río de Janeiro, que decretó la quiebra de Oi y previó la transferencia gradual de los servicios de la compañía.
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La meta es clara: congelar los efectos prácticos de la sentencia hasta que el Tribunal de Justicia analice el mérito.
Los bancos defienden que el mantenimiento de la recuperación judicial es el “medio más eficiente y menos oneroso” tanto para la satisfacción de los acreedores como para la preservación de las actividades empresariales de la tele.
En otras palabras, prefieren negociar dentro de un plan de reestructuración que ver una liquidación en activos fragmentados y depreciados.
Activos vacíos y el miedo a convertirse en “polvo”
El diagnóstico de los acreedores es duro. En la configuración actual, los principales activos remanentes de Oi que pueden ir a la venta son Oi Soluções (segmento corporativo), Serede (mantenimiento de red) y Tahto (call center).
El problema: estos negocios están anclados en contratos de prestación de servicios que pueden ser rescindidos, lo que reduce el interés de compradores y disminuye el valor de liquidación.
Para los bancos y demás acreedores, la quiebra de Oi en este momento tiende a cristalizar un escenario de baja recuperación, justamente porque la empresa ya vendió partes relevantes del antiguo grupo durante la segunda recuperación judicial.
La percepción corriente es que cuanto más desorganizada sea la venta, mayor será la posibilidad de que los activos se conviertan en “polvo definitivo” en términos de retorno financiero.
El punto sensible: la jueza y las ventas de la segunda recuperación judicial
Uno de los focos de conflicto es la forma en que la sentencia trató la segunda recuperación judicial.
La jueza Simone Gastesi, de la 7ª Vara Empresarial, cuestionó los términos de las alienaciones de activos realizadas en este ciclo, determinando la indisponibilidad de los valores obtenidos con estas ventas hasta un nuevo análisis en un incidente propio.
Citó, entre los principales activos alienados o gravados, la red de cobre, Oi Fibra (actual Nio), la operación de TV por suscripción y parte relevante del portafolio de inmuebles.
Para los acreedores financieros, este tipo de postura puede abrir un precedente de inseguridad jurídica, en especial para inversores que compran activos de empresas en recuperación judicial.
En los pasillos, el temor es que una interpretación más restrictiva sobre alienaciones aprobadas en asambleas de acreedores affecte futuras reestructuraciones, encarezca el financiamiento y desorganice el mercado de distress, que vive precisamente de operaciones de este tipo.
Bradesco: acreedor, cliente y defensor de la continuidad operativa
En el recurso presentado, Bradesco estructura su tesis en tres capas.
La primera es económica: el banco sostiene que la quiebra de Oi, en lugar de preservar valor, tiende a ser “más perjudicial” para la colectividad de acreedores y el interés público, comparada con la continuidad de la recuperación judicial.
La segunda es operativa. Bradesco recuerda que Oi proporciona red de datos, voz, servicios en la nube y Wi-Fi para cientos de agencias, destacando unidades en las regiones Norte y Nordeste, en municipios de difícil acceso.
Interrumpir de forma abrupta esta red, argumenta el banco, tendría un impacto directo en servicios financieros esenciales para la población de esas áreas.
La tercera capa es patrimonial. Bradesco cita expresamente:
- crédito de R$ 74,3 millones fuera del proceso de recuperación judicial
- 7.877 inmuebles a nombre de Oi y de subsidiarias, estimados en alrededor de R$ 5,8 mil millones
Desde la perspectiva del banco, una alienación organizada de estos activos dentro de la recuperación judicial permitiría “una reorganización patrimonial eficaz y menos destructiva” que la liquidación en quiebra.
El mensaje es directo: antes de consolidar la quiebra de Oi, sería necesario agotar la vía de venta estructurada de activos prevista en un plan aprobado por los acreedores.
Itaú: crítica a la “precipitación” y disputa multimillonaria en la quiebra de Oi
Itaú sigue una línea similar, pero refuerza el argumento de proporcionalidad.
El banco afirma poseer deudas quirografarias – sin garantía real – de aproximadamente R$ 2,06 mil millones y defiende que la declaración de quiebra de Oi fue “precipitada”, por no considerar alternativas viables de reestructuración.
En el documento, Itaú sostiene que:
la continuidad de la recuperación judicial es el camino menos oneroso para los acreedores y para la propia economía
faltó un “trabajo conjunto” entre órganos públicos, gestor judicial y demás actores para probar otras soluciones antes de la quiebra
el grupo Oi aún posee participaciones societarias, reservas de cobre, depósitos judiciales, derechos crediticios y valores vinculados a procesos arbitrales, lo que elevaría la estimación de activos a un rango entre R$ 20,1 mil millones y R$ 50,1 mil millones
La lectura del banco es que hay patrimonio que organizar y monetizar, siempre que el proceso no se conduzca bajo la lógica más rígida y destructiva de la quiebra.
Al pedir efecto suspensivo, Itaú intenta ganar tiempo para que una eventual revisión de plan, con nuevo aditamento y nueva asamblea de acreedores, se coloque en la mesa antes de que la liquidación avance.
Inseguridad jurídica, mercado de crédito y efecto sistémico
En el trasfondo, la disputa sobre la quiebra de Oi trasciende la situación individual de la tele.
Bradesco e Itaú alertan, de forma directa o indirecta, sobre el riesgo de contaminación del mercado de recuperación judicial si decisiones similares se multiplican en otros casos relevantes.
Si los inversores perciben que las alienaciones aprobadas en asamblea pueden ser reanalizadas y bloqueadas años después, el resultado probable es:
- encarecimiento del crédito para empresas en crisis
- menor apetito de fondos y compradores estratégicos por activos en reestructuración
- reducción de la eficacia práctica de la propia recuperación judicial, que depende de la previsibilidad para atraer capital nuevo
La batalla en torno a la quiebra de Oi pasa, por lo tanto, a ser también una prueba de estrés para el sistema de insolvencia brasileño: hasta qué punto el Poder Judicial puede revisar decisiones pasadas sin comprometer la confianza en planes ya votados y ejecutados.
Lo que viene a seguir en la disputa por Oi
A corto plazo, el próximo paso es el análisis, por el Tribunal de Justicia de Río, de los pedidos de efecto suspensivo presentados por Bradesco e Itaú.
Si el tribunal acoge los recursos, la quiebra de Oi puede quedar temporalmente congelada, abriendo espacio para nuevas negociaciones entre empresa, acreedores y gestor judicial.
Si el pedido es rechazado, la liquidación avanza, la venta de activos se acelera y la ventana para reorganizar el grupo se cierra de forma prácticamente definitiva.
Estamos ante un punto de inflexión: o Oi regresa a un formato de recuperación judicial con ajustes, o se embarca definitivamente en una ruta de liquidación que tiende a ser larga, compleja y con retorno incierto para quienes aún tienen miles de millones a cobrar.
En su opinión, ¿el Poder Judicial debería priorizar la continuidad de la recuperación judicial de Oi o mantener la quiebra como forma de “dar vuelta la página” del caso, incluso con el riesgo de un menor retorno a los acreedores?
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