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El pedido de soborno fue realizado por el pastor lobista Arilton Moura, quien justificó diciendo que el dinero sería utilizado para “ayuda en las obras misioneras desarrolladas por su iglesia”.
La historia ligada a Milton Ribeiro, exministro de educación, ha continuado. Hasta entonces, el esquema de corrupción del MEC (Ministerio de Educación y Cultura) estaba estructurado solo por un gabinete paralelo de pastores, sin embargo, la problemática va mucho más allá cuando se constata que el dinero involucrado también provenía de Petrobras por acuerdos realizados durante la Lava Jato.
El Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación (FNDE) fue el principal medio para la aplicación del dinero que, decretado por Alexandre Moraes, ministro del Sistema Tribunal Federal (STF), fue retirado de los acuerdos de la Lava Jato.
La fuente de esta información proviene de un artículo realizado por el periodista Guilherme Amado en Metrópoles. El mismo afirma que “(el) dinero recuperado de la corrupción de Petrobras en la gestión pasada fue a parar en el foco de corrupción de la gestión actual”.
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por- Brasil 247
Recuerde la investigación que involucra un esquema de corrupción en el MEC
La Policía Federal inició una investigación en los últimos meses con indicios de una organización criminal infiltrada en el Ministerio de Educación que cometía delitos en la parte administrativa. La supuesta facción está compuesta por Milton Ribeiro, exministro de educación, pastores lobistas y sus respectivas familias, ya que era a través de ellas que se realizaban las transacciones bancarias.
El pedido de soborno fue realizado por el pastor lobista Arilton Moura, quien justificó diciendo que el dinero sería utilizado para “ayuda en las obras misioneras desarrolladas por su iglesia”.
El mismo fue arrestado el día 22 de junio, junto al pastor Gilmar Santos, el abogado Luciano de Freitas Musse y el exasistente de la Alcaldía de Goiânia Helder Bartolomeu, además de Milton Ribeiro.
De acuerdo con la Justicia Federal del Distrito Federal, tras el decreto de prisión, el juez Renato Borelli comenzó a recibir numerosas amenazas por parte de los seguidores de Ribeiro. La solución fue emitir un pedido de protección al magistrado para que pudiera continuar ejerciendo su función como juez y sus actividades como ciudadano común.
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