Mientras los ascensores modernos funcionan de forma totalmente automática desde hace años, los organismos públicos federales continuaron destinando millones de reales para mantener profesionales responsables de la operación de equipos que cualquier usuario puede utilizar solo, levantando un debate sobre eficiencia, gastos públicos y modernización del Estado.
Durante décadas, entrar en un ascensor y encontrar a un profesional responsable de presionar los botones formaba parte de la rutina en edificios comerciales, hoteles y oficinas públicas. Lo que muchos brasileños no saben es que, incluso en pleno siglo XXI, el gobierno federal aún mantenía contratos millonarios para la contratación de ascensoristas, una profesión que el propio Estado comenzó a clasificar oficialmente como obsoleta.
La información ganó destaque tras la divulgación de estudios y levantamientos presentados por el Canal Elementar, que analizó datos públicos sobre la permanencia de estos profesionales en organismos federales. El debate volvió a surgir especialmente tras medidas anunciadas por el gobierno en abril de 2025 para extinguir miles de cargos considerados obsoletos dentro de la administración pública.
Una profesión creada cuando los ascensores aún requerían operación manual

Para entender por qué los ascensoristas existieron por tanto tiempo, es necesario volver al final del siglo XIX y al inicio del siglo XX.
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En ese período, los ascensores eran equipos muy diferentes de los actuales. La operación requería conocimiento técnico, ya que el operador necesitaba controlar manualmente el desplazamiento de la cabina y realizar paradas precisas en los pisos. Un error podría provocar accidentes durante el embarque o desembarque de los pasajeros.
Fue en este contexto que surgió la profesión.
En Brasil, la actividad fue reglamentada en 1957 por el entonces presidente Juscelino Kubitschek, mediante la Ley nº 3.270. La legislación estableció reglas específicas para la categoría de los operadores de ascensor, incluyendo una jornada diaria de seis horas de trabajo.
La norma permaneció vigente a lo largo de las décadas y continuó siendo utilizada como referencia en contratos públicos incluso después de los avances tecnológicos que transformaron completamente el funcionamiento de los ascensores.
Con el paso de los años, los equipos comenzaron a contar con sistemas automáticos, sensores de seguridad, paradas programadas y paneles de operación extremadamente simples.
En otras palabras, la justificación técnica para la existencia de la profesión prácticamente desapareció.
Aun así, el cargo continuó existiendo en diversas estructuras públicas.
El sector privado abandonó a los ascensoristas, pero el gobierno continuó contratando
Mientras la tecnología hacía innecesaria la presencia de operadores en los ascensores, las empresas privadas comenzaron a prescindir de estos profesionales gradualmente.
Hoteles, centros empresariales y edificios comerciales fueron los primeros en adoptar sistemas totalmente automatizados.
Según representantes del sector hotelero citados por el Canal Elementar, actualmente es raro encontrar establecimientos que aún mantengan ascensoristas en actividad.
En Río de Janeiro, una legislación estatal aprobada en 1991 llegó a hacer obligatoria la contratación de estos profesionales en edificios comerciales con cinco o más pisos. La medida mantuvo miles de puestos de trabajo durante años.
Posteriormente, sin embargo, la Justicia anuló la exigencia tras entender que la obligación creaba costos innecesarios para propietarios de inmuebles y empresas.
Incluso ante este escenario, la profesión continuó presente en diversas instituciones públicas.
En 2015, según un reportaje publicado por el periódico O Globo a través de la Ley de Acceso a la Información, 48 organismos federales fueron cuestionados sobre la existencia de ascensoristas en sus plantillas.
De estos, 21 confirmaron el mantenimiento de la función.
En total, eran 232 profesionales repartidos por diferentes reparticiones federales.
Las justificaciones presentadas incluían control de flujo de personas, transporte de cargas, atención a autoridades y refuerzo en la seguridad de pasajeros.
R$ 8 millones por año para apretar botones
Los números llaman la atención.
En 2021, la Cámara de los Diputados, el Senado Federal y el Superior Tribunal de Justicia (STJ) mantenían juntos 110 profesionales ligados a la operación de ascensores mediante contratos tercerizados.
Los gastos sumados alcanzaban aproximadamente R$ 8 millones anuales.
De ese total:
- R$ 3,8 millones eran destinados a la Cámara de Diputados;
- R$ 3 millones al Superior Tribunal de Justicia;
- R$ 1,33 millón al Senado Federal.
Las instituciones justificaban el mantenimiento de los contratos alegando cuestiones relacionadas con el flujo intenso de visitantes, parlamentarios, servidores y autoridades.
La Cámara de Diputados, por ejemplo, afirmó que los profesionales contribuían para garantizar la operación adecuada y segura de los equipos.
El argumento, sin embargo, comenzó a ser cuestionado por especialistas y parlamentarios.
Esto porque el Supremo Tribunal Federal (STF), que también recibe autoridades, ministros, visitantes y servidores diariamente, operaba normalmente sin ningún ascensorista.
La comparación intensificó el debate sobre la real necesidad de la función.
Otro dato que llama la atención está en la Clasificación Brasileña de Ocupaciones (CBO), documento oficial utilizado por el gobierno para evaluar profesiones.
El cargo de ascensorista recibió nota 1 en una escala de 1 a 8 en los criterios de conocimiento, habilidad y actitud.
Se trata de la menor puntuación posible dentro de la clasificación oficial.
Es decir, el propio Estado reconocía que se trataba de una ocupación de complejidad mínima.
El proyecto de ley que intentó expandir una profesión en declive
Incluso ante el avance de la automatización, hubo intentos de ampliar la presencia de los ascensoristas en el país.
El Proyecto de Ley nº 2637/11, presentado por el diputado Laércio Oliveira, proponía hacer obligatoria la contratación de estos profesionales en edificios públicos y comerciales equipados con ascensores.
La propuesta permaneció en tramitación por más de una década en la Cámara de Diputados.
Durante las discusiones, parlamentarios de diferentes corrientes ideológicas demostraron resistencia a la idea.
Informes elaborados a lo largo del proceso señalaron que la operación de los ascensores modernos no exige entrenamiento especializado y que la obligatoriedad generaría costos sin beneficios proporcionales.
Al final, el proyecto fue rechazado.
El episodio terminó simbolizando una discusión más amplia sobre burocracia, modernización administrativa y eficiencia de los gastos públicos.
El cambio anunciado por el gobierno en 2025
El paso más significativo ocurrió en abril de 2025.
En la ocasión, el Ministerio de Gestión e Innovación en Servicios Públicos (MGI) divulgó una reestructuración administrativa que involucraba aproximadamente 30 mil cargos considerados obsoletos.
La lista incluía funciones como:
- Ascensorista;
- Datilógrafo;
- Operador de telex;
- Vaquero.
Según el ministerio, cerca de 29,7 mil cargos antiguos serían transformados en 28,4 mil nuevas plazas más alineadas con las necesidades actuales de la administración pública.
Entre ellas estaban funciones administrativas y técnicas compatibles con la realidad del servicio público moderno.
El gobierno informó que la medida no generaría impacto presupuestario adicional, ya que los recursos financieros ya estaban previstos en el presupuesto federal.
En la práctica, la propuesta buscaba redirigir fondos existentes hacia áreas consideradas más estratégicas.
El lado humano detrás de una profesión en extinción
A pesar de las críticas a la manutención del cargo, la historia de los ascensoristas también involucra a miles de trabajadores que construyeron sus vidas a través de esta actividad.
Uno de los relatos presentados por el Canal Elementar es el de Roselia da Conceição, que trabajaba en un edificio comercial en el centro de Río de Janeiro.
En 2018, a los 53 años, ella ya reconocía que la profesión caminaba hacia su fin.
Aun así, su objetivo era permanecer en la función hasta alcanzar la jubilación.
Otro ejemplo es el de Francisco Rodrigues Lima, que llegó a Brasilia hace más de cuatro décadas y encontró en el trabajo como ascensorista una oportunidad para sustentar a la familia, comprar una casa y financiar la formación universitaria de su hija.
Historias como estas muestran que la discusión va más allá de la utilidad práctica de la profesión.
El debate involucra también la transición de trabajadores que dedicaron décadas de sus vidas a una actividad que terminó siendo superada por la tecnología.
Un símbolo de la dificultad del Estado en abandonar estructuras antiguas
El caso de los ascensoristas se convirtió en un ejemplo emblemático de cómo determinadas estructuras permanecen funcionando incluso después de perder su razón original de existir.
Mientras el sector privado se adaptó rápidamente a los cambios tecnológicos, el poder público llevó décadas para iniciar un proceso de revisión de estas funciones.
La reestructuración anunciada en 2025 representa un paso importante en este camino.
Aun así, los especialistas señalan que el cambio ocurrió mucho después de que la necesidad práctica del cargo hubiera desaparecido.
Más que discutir la utilidad de una profesión específica, el episodio plantea una cuestión mayor: ¿cuántos recursos públicos continúan siendo destinados al mantenimiento de estructuras que ya no satisfacen las demandas de la sociedad actual?
La respuesta a esta pregunta puede influir directamente en los próximos capítulos de la modernización del servicio público brasileño.
Fuente: Canal Elementar.
Referencias: Ley nº 3.270/1957; datos obtenidos a través de la Ley de Acceso a la Información; información del Ministerio de Gestión e Innovación en Servicios Públicos (MGI); reportaje del periódico O Globo; estudio presentado por el Canal Elementar.
¿Y tú, crees que el cargo de ascensorista todavía tiene sentido en algunos lugares o estás de acuerdo en que esta profesión se ha vuelto obsoleta? Deja tu opinión en los comentarios.

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