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Cambios En El Proyecto De La Nueva Ley De Licitaciones, Aprobado A Finales Del Año Pasado Y Que Continúa En Régimen De Urgencia En El Plenario De La Cámara De Diputados Es Debatido Por El Gobierno De Jair Bolsonaro Y Parlamentarios.
El Principal Cambio Previsto Por El Equipo Económico Es La Defensa De Tres Adecuaciones: Retirar La Posibilidad De Margen De Preferencia Para Proveedores Nacionales En Las Licitaciones, Un Mínimo De 30% Para El Seguro-Garantía En Proyectos Con Valores Arriba De R$ 200 Millones Y Una Determinación Para Que El Pregón Electrónico En La Modalidad De Menor Precio Sea Abierto.
El Diputado Felipe Rigoni (PSB-ES), Consiguió Incluir En El Proyecto La Enmienda Que Establece Plazo Para La Medición De Obras Realizadas Y Reduce El Tiempo Máximo Para El Pago De Las Constructoras Por El Poder Público. Hoy La Ley No Estipula Plazo Para Medición De Las Obras Atestando Si Fueron O No Ejecutadas Adecuadamente. Cuando Se Realiza, El Contratante En El Sector Público Aún Tiene 90 Días Para Efectuar El Pago. Solo Después De Ese Tiempo, Si El Desembolso No Ocurre, La Empresa Constructora Podrá Pedir La Rescisión Unilateral Del Contrato Sin Quedar Sujeta A Penalidades.
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Rigoni Quiere Que La Medición Por Ingenieros Tenga Plazos Definidos En Contrato. Cuando No Esté Especificada Contractualmente, La Aferición Sería Mensual. Después De La Medición, El Pago Tendría Que Salir En 30 Días.
Este Cambio Atiende A Planteamientos Del Sector De Construcción, Que Ha Crítico Mucho La Falta De Pago Y Atrasos De Los Gobiernos Federal, Estatales Y Municipales Como Factores Que No Solo Perjudican A Las Empresas, Sino También Favorecen La Corrupción. «Cuando Hay Descontinuidad O Imprevisibilidad En Los Pagos, Se Puede Romper El Flujo De Una Obra O La Propia Constructora, Especialmente Las Medianas Y Pequeñas», Afirma Rigoni.
Del Lado Del Gobierno, Uno De Los Pedidos Es La Retirada De Todo El Capítulo Que Trata Del Establecimiento De Márgenes De Preferencia Para Proveedores Locales. El Texto Actual Prevé Márgenes De Hasta 20% A Favor De Las Compañías Nacionales. Esto Significa Que, Incluso Ofreciendo Precio Hasta 20% Superior Al De Un Proveedor Extranjero (O De Fuera Del Estado En El Caso De Licitaciones Estatales), La Empresa Local Es La Elegida.
«Es Una Posibilidad Desastrosa», Dijo El Secretario De Abogacía De La Competencia Y Competitividad (Seae) Del Ministerio De La Economía, César Mattos. Para Él, La Propuesta Refleja Una Postura Proteccionista Y Contradice El Discurso De Amplia Apertura De La Economía Del Actual Gobierno.
Esta Política Fue Largamente Usada En Los Gobiernos Anteriores, Primero Para Licitaciones Del Programa De Aceleración Del Crecimiento (PAC), Y Con Más Impulso A Partir De 2011, Cuando Se Lanzó El Plan Brasil Mayor.
Un Punto Aún Indefinido En El Texto Que Será Votado En Plenario Es La Mantenimiento De Un Artículo Que Veta, En La Práctica, A Empresas Constructoras En Recuperación Judicial O Extrajudicial De Participar En Licitaciones. Al Exigir Certificación Negativa De Deuda De Las Compañías, La Legislación Podría Alejar De Concursos Públicos Gigantes Como OAS, Mendes Júnior Y Triunfo.
La Propuesta De Una Nueva Ley De Licitaciones, Modernizando La Famosa 8.666/93, Fue Aprobada En El Senado En 2016. Desde Entonces, Poco Avanzó. Fue Solo A Finales Del Año Pasado Que Ganó Un Nuevo Impulso, Al Ser Analizada En Comisión Especial. Al Inicio De La Legislatura Actual, Ganó El Sello De Urgencia – Así, Se Convierte En Un Ítem Prioritario De La Agenda En Plenario.
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