El equipo económico del gobierno también quiere incentivos para la calificación de 4,4 millones de parados y trabajadores por cuenta propia.
El gobierno estudia la liberación de hasta R$ 65 mil millones para que las empresas combatan el desempleo. Este dinero provendría de la liberación de los llamados depósitos de apelación, una cantidad que las empresas deben reservar ante el Juzgado de Trabajo para apelar demandas laborales. Conoce las 9 empresas estatales que serán privatizadas para el gobierno.
Los depósitos de apelación son un mecanismo para que las empresas y los trabajadores interpongan recursos ante el Juzgado de Trabajo para honrar las costas del proceso, en caso de derrota. La idea en estudio es permitir esta flexibilidad para el stock de recursos previo a la reforma laboral.
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La medida sería una forma de darle un respiro al sector productivo, mientras el Gobierno no logra poner en práctica su plan para garantizar un “shock laboral”, a través de la exención de nómina. El ministro de Economía, Paulo Guedes, defiende el fin de la contribución sobre los salarios -hoy en el 20%- para reducir costos para los empresarios.
El impuesto sería sustituido por un tributo en la línea del CPMF, pero este plan depende de la aprobación del Congreso, que ya muestra resistencia a la idea. Según el ministro, el Gobierno quiere “impuestos más bajos” para favorecer la creación de nuevos puestos de trabajo”.
En estos momentos, técnicos de la Secretaría de Economía estudian la forma de calificar a 4,4 millones de personas en hasta cuatro años. Emprega+ debería costar alrededor de R$ 8 mil millones. La idea es que los trabajadores tengan acceso a “bonos” para participar en cursos de calificación.
Los recursos deben provenir de parte de las transferencias del Sistema S. Hoy en día, el gobierno ya cuenta con mecanismos de calificación, pero la evaluación de los miembros del ministerio es que son poco eficientes. Pronatec, por ejemplo, es uno de los programas que debería reformularse, según una fuente.
El diseño aún se está preparando. Además de un programa abierto a todos, el equipo también está estudiando una medida para hacer frente al paro de larga duración. Hoy, según los datos más recientes del IBGE, Brasil tiene 12,7 millones de desempleados. De este total, 3,3 millones llevan dos años o más buscando trabajo.
El esfuerzo por mejorar los programas de calificación se complementaría con otras medidas, como una reformulación del Sine, el sistema oficial de búsqueda de empleo del gobierno.
Las medidas fueron remitidas al ministro de Economía, Paulo Guedes, y aún están en análisis. La idea es presentarlos todos en un solo paquete.
La disminución del desempleo es una promesa de campaña del presidente Jair Bolsonaro, pero, dada la lenta recuperación de la economía, los datos aún no muestran una reacción del mercado laboral. En julio, la tasa de desempleo se redujo al 11,8%.