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La Agencia Nacional del Petróleo (ANP) liberó 275 nuevos bloques de exploración de petróleo y gas natural, elevando a 451 el total de áreas disponibles en el país. La decisión provoca alerta sobre impactos ambientales y sociales a las vísperas de la COP30.
A pocos meses de la COP30, la Agencia Nacional del Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP) autorizó la inclusión de 275 nuevos bloques exploratorios y cinco áreas con acumulaciones marginales en la nueva ronda de la Oferta Permanente de Concesión (OPC), conforme se informó este jueves, 09. La decisión eleva a 451 el total de áreas disponibles para la exploración de petróleo y gas natural en territorio nacional.
La medida, aunque considerada estratégica para la expansión de la industria petrolera, despertó preocupación entre organizaciones socioambientales. El Instituto Internacional Arayara alertó sobre riesgos ambientales, sociales y legales que pueden comprometer comunidades tradicionales y áreas protegidas.
Instituciones señalan irregularidades y posibles violaciones de derechos
De acuerdo con un estudio técnico elaborado por el equipo de Geociencias de Arayara, los nuevos bloques presentan superposiciones directas e indirectas con tierras indígenas, territorios quilombolas, Unidades de Conservación (UCs) y asentamientos rurales. Las áreas afectadas abarcan estados como Maranhão, Bahia, Minas Gerais, Rondônia y Roraima.
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El levantamiento también indica potenciales violaciones a la legislación socioambiental y al derecho de consulta previa previsto en la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) — tratado internacional del que Brasil es signatario.
El abogado y gerente jurídico de la entidad, Lucas Kannoa, reforzó la gravedad de la situación. “Incluso las fases iniciales de investigación ya causan impactos ambientales y aflicción a las comunidades expuestas. Es imprescindible respetar los protocolos de consulta y los tratados internacionales firmados por el País”, afirmó.
Bloques de petróleo amenazan comunidades y áreas protegidas
En Rondônia, el bloque PRC-T-54 incide directamente sobre la Tierra Indígena Cassupá y Salamãi, un área de restricción ya reconocida por órganos ambientales. En Roraima, los bloques TCT-T-01 y TCT-T-02 están localizados cerca de las Tierras Indígenas Bom Jesus, Canauanim, Jabuti, São Marcos y Serra da Moça, ampliando el riesgo de conflictos y degradación ambiental.
En Maranhão, bloques como PN-T-29, PN-T-65, PN-T-84, PN-T-101 y PN-T-114 se superponen a más de 10 mil hectáreas de tierras indígenas, incluyendo las Caru, Rio Pindaré, Cana Brava/Guajajara y Bacurizinho. Ya en Bahia y Maranhão, otros bloques — entre ellos TUC-T-176, PN-T-14, PN-T-32 y PN-T-49 — interceptan territorios quilombolas reconocidos, como Tapera Melão, Juçaral/Santa Helena y Santo Antônio dos Pretos, totalizando 70 mil hectáreas bajo riesgo directo.
Asentamientos rurales y unidades de conservación también están en el área de riesgo
El estudio de Arayara identificó aún 361 asentamientos rurales afectados, donde viven aproximadamente 31 mil familias. En 96 de esos casos, las áreas superan el límite de 2.500 hectáreas definido por la Instrucción Normativa nº 112/2021 del INCRA, lo que exigiría autorización previa del Congreso Nacional antes de la explotación.
Además, bloques de exploración en Minas Gerais y Rondônia se superponen a Reservas Particulares del Patrimonio Natural (RPPNs) y Áreas de Protección Ambiental (APAs). Esta superposición contraviene normas en vigor, como la Portaria Interministerial nº 1/2022 y la Nota Técnica Conjunta nº 8/2024, que determinan la exclusión obligatoria de áreas protegidas y comunidades tradicionales de las rondas de oferta pública de petróleo.
Expertos piden más transparencia y revisión de los bloques ofertados
El gerente de geociencias de Arayara, George Mendes, destacó que la decisión de la ANP representa un retroceso en las políticas de sostenibilidad. Según él, “la expansión de la frontera fósil avanza sobre territorios legalmente protegidos y comunidades tradicionales, comprometiendo el cumplimiento de las metas climáticas asumidas por Brasil”.
Para expertos del sector, la aprobación de nuevos bloques de exploración de petróleo en este momento sensible — con la COP30 a punto de comenzar en Belém (PA) — reaviva el debate sobre el equilibrio entre desarrollo económico y preservación ambiental. La presión internacional por una transición energética más rápida y limpia contrasta con la ampliación de las fronteras fósiles dentro del territorio nacional.
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