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Aproximadamente 164 trabajadores ocuparon, este jueves, 25 de Abril, la MontevideoGas, distribuidora de gas natural canalizado en Montevideo, en Uruguay, controlada por Petrobras.
El miércoles, 24 de Abril, la Unión Autónoma de Trabajadores y Empleados de la Compañía de Gas (Uaoegas), aprobó en asamblea la ocupación de la unidad por parte de los empleados, llamada “control obrero”. La ocupación comenzó en este jueves, 25, a las 6h, y los trabajadores dijeron que no abandonarían el lugar. De los 164 empleados de la empresa, 140 son miembros del sindicato y participan en la ocupación. Representados por la comisión directiva del sindicato, los empleados optaron por el llamado control obrero, que significa ocupación y que los funcionarios asumirían la gestión de la subsidiaria.
Al ocupar la empresa, los trabajadores alegan que los servicios públicos de suministro de gas están sufriendo deterioro. De acuerdo con un documento divulgado por el sindicato, ha habido la pérdida de “más de 7 mil usuarios desde que [Petrobras] asumió la distribución de gas encanado”.
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Según una nota del sindicato, Petrobras se niega a encontrar una salida para la recontratación de 20 empleados que están en el llamado “seguro de paro”, que es el beneficio local para trabajadores desempleados. La Uaoegas está exigiendo, además, la salida inmediata de la empresa del servicio de distribución de gas natural del país.
Las acciones fueron tomadas por una política de reducción de costos de la estatal brasileña. Los empleados piden que Petrobras abandone el país y que el control de la empresa pase a manos del sindicato.
La Justicia uruguaya prohibió al Sindicato de Trabajadores del Gas (Unión Autónoma de Obreros y Empleados de la Compañía de Gas) ocupar la sede de MontevideoGas, subsidiaria de Petrobras en Uruguay. La sentencia, emitida por el juez Hugo Rundie, garantiza la entrada y salida de empleados de la empresa para atender a clientes y proveedores y prohíbe el control obrero.
En la sentencia, el juez dijo que el control obrero viola el derecho de propiedad y que la iniciativa es “manifestadamente ilegítima y vulnera de forma flagrante los derechos y libertades constitucionales” y que la toma de la sede “estaría atacando la genuina y verdadera gestión de la empresa, desconociendo directamente el derecho de propiedad”.
Para el sindicalista Alejandro Acosta, el derecho de propiedad de la empresa no puede prevalecer sobre otros derechos. “Primero, se trata de una empresa estatal, la compañía de gas, otorgada por 30 años, por lo tanto es una concesión de servicio público que no debe regirse por el derecho privado, como si fuera cualquier otra empresa. En segundo lugar, también existe el derecho al trabajo, que ha sido afectado”.
Petrobras informó en una nota a principios de este mes, que la empresa brasileña continúa cumpliendo todas las obligaciones y manteniendo el servicio de distribución de gas “con los más altos estándares de calidad y seguridad de la industria”.
Un hombre que trabajaba embarcado a servicio de Petrobras murió el domingo de Pascua, a bordo del barco en el que residía, en la Cuenca de Campos.
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