En 2025, Bahia vuelve a liderar los índices de violencia letal en Brasil, con mil homicidios en apenas tres meses y sucesivas masacres en las periferias. Especialistas alertan sobre el avance de facciones que ocupan el vacío dejado por el Estado y reabren el debate sobre el riesgo de un narcoestado en el país.
La crisis de seguridad pública en Bahia llegó a un punto crítico en 2025. Datos oficiales del Ministerio de Justicia muestran que 1.018 personas fueron asesinadas solo en el primer trimestre del año, manteniendo al estado en la liderazgo nacional de homicidios dolosos.
Al mismo tiempo, los números consolidados de 2023 revelan un escenario estructural. Según el Anuario Brasileño de Seguridad Pública 2024, Bahia registró 6.578 muertes violentas intencionales, lo que representa una tasa de 46,5 muertes por 100 mil habitantes, más del doble de la media nacional.
Detrás de las estadísticas, hay territorios donde facciones armadas imponen toques de queda, cobran tasas de «seguridad» y resuelven conflictos en el llamado “tribunal del crimen”. Para muchos habitantes de las periferias, el crimen organizado comenzó a ofrecer protección, renta y una especie de justicia, donde el poder público no ha llegado de forma efectiva.
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En este contexto, crece entre expertos y autoridades el temor de que Bahia esté ante un embrión de narcoestado, concepto asociado a regiones en las que grupos criminales controlan el territorio, la economía local y, en algunos casos, hasta decisiones políticas.
Explosión de homicidios y masacres revela colapso de la seguridad
Los más de 1.000 homicidios en tres meses son parte de una trayectoria de décadas de aumento de la violencia letal en el estado. Entre 1981 y 2021, el número de homicidios en Bahia creció más de 1.300 por ciento, según series históricas compiladas por investigadores del Foro Brasileño de Seguridad Pública.
En 2023, Bahia no solo lideró el número absoluto de muertes violentas, sino que superó, sola, la suma de estados mucho más poblados, como São Paulo y Minas Gerais. De las diez ciudades con mayores tasas de muertes violentas del país, seis son de Bahia, incluyendo Jequié, Simões Filho, Feira de Santana, Juazeiro y Eunápolis, todas con índices superiores a 70 muertes por 100 mil habitantes.
Otro indicador que ayuda a dimensionar el colapso son las masacres, episodios con tres o más civiles muertos a tiros en la misma ocurrencia. Un levantamiento del Instituto Fogo Cruzado indica que, desde 2022, se han registrado 63 masacres en Salvador, siendo 46 en operaciones policiales, lo que convierte a la capital baiana en la ciudad con más registros de este tipo en todo el estado.
Uno de los casos más emblemáticos ocurrió en marzo de 2025, en el barrio de Fazenda Coutos, en Salvador. Una operación policial terminó con 12 muertos tras más de siete horas de enfrentamiento, paralización del transporte público y vecinos encerrados en sus casas con miedo, un escenario que organizaciones de derechos humanos clasificaron como típico de zona de guerra urbana.
Letalidad policial récord y avance de las facciones criminales
La crisis bahiana también se expresa en la letalidad policial. En 2023, 1.699 personas murieron en acciones policiales en el estado, el mayor número absoluto entre todas las unidades de la federación y una tasa de alrededor de 12 muertes por 100 mil habitantes, una de las más altas del país.
Informes del Foro Brasileño de Seguridad Pública y del Observatorio de Favelas muestran que Bahia figura entre los estados con la policía más letal, con un fuerte impacto sobre jóvenes negros de las periferias. Para expertos, esto es resultado de un modelo basado en la guerra a las drogas, enfrentamientos armados y encarcelamiento masivo, con poca énfasis en la prevención y la inteligencia.
En este terreno, las facciones criminales encontraron espacio para expandirse. Un estudio citado por la Gazeta do Povo muestra que el Nordeste concentra 46 de las casi 90 facciones mapeadas en el país, siendo 21 operando en Bahia, muchas ligadas o aliadas a grupos como PCC y Comando Vermelho.
Estas organizaciones comenzaron a disputar rutas estratégicas de tráfico, aprovechando la posición de Bahia, que reúne puertos, carreteras y aeropuertos utilizados para despachar drogas a otras regiones de Brasil y al exterior. Investigadores en seguridad pública señalan que la ausencia de estructura policial en el interior y la precariedad de los servicios públicos en áreas periféricas crean un escenario ideal para el dominio criminal.
Barrios bajo dominio del crimen e impacto en la vida y en la economía
En las periferias de Salvador, como Tancredo Neves, Águas Claras, Fazenda Coutos, Baixa de Quintas y Pero Vaz, relatos de vecinos indican control rígido de circulación, cobro de «peaje» para comerciantes y decisiones importantes condicionadas a la autorización de la facción local.
Casos de toque de queda impuesto por criminales, fiestas “autorizadas” por líderes del tráfico y “juicios” informales en tribunales del crimen han pasado a formar parte de la vida cotidiana. En estos territorios, recurrir a la policía es muchas veces visto como arriesgado o inútil, lo que refuerza la percepción de que el Estado ya no tiene el control efectivo.
El impacto también es económico. Empresarios de barrio reportan reducción de horarios de funcionamiento, cancelación de inversiones y fuga de clientes por miedo a tiroteos y operaciones policiales. Datos del Anuario de Seguridad y de entidades empresariales indican que la violencia elevada aleja negocios, reduce la generación de empleos y frena el desarrollo local, creando un ciclo de pobreza e inseguridad.
Expertos en criminología afirman que, al ocupar este espacio, las facciones pasan a ofrecer una combinación de protección, renta, pertenencia y una especie de “justicia rápida” a jóvenes sin acceso a trabajo formal, ocio y servicios públicos. Esto confiere a estos grupos una legitimidad peligrosa en comunidades históricamente negligenciadas por el poder público.
Estado reacciona con tecnología, pero debate sobre narcoestado y “modelo Bukele” crece
Ante la presión de la opinión pública y episodios de gran repercusión, el gobierno baiano promovió cambios en la cúpula de la seguridad, con el cambio de mando de la Policía Militar, Bomberos y Policía Civil, además de lanzar operaciones como la Fuerza Total, con refuerzo de efectivos en las calles.
Paralelamente, la Secretaría de Seguridad Pública intensificó el uso de reconocimiento facial y videovigilancia. Solo en 2025, el sistema de cámaras inteligentes ya contribuyó a cientos de arrestos, superando la marca de 900 capturados hasta mayo, según la SSP y reportajes de CNN Brasil.
Al mismo tiempo, Bahia se unió a proyectos nacionales de cámaras corporales y calificación del uso de la fuerza, con recursos del Ministerio de Justicia, que defiende la modernización policial basada en evidencias y preservación de la vida.
A pesar de estas iniciativas, organizaciones de derechos humanos alertan sobre riesgos de discriminación algorítmica y arrestos erróneos, ya observados en casos de reconocimiento facial aplicado en el estado, especialmente contra personas negras.
Mientras tanto, crece en Brasil el debate sobre el llamado “modelo Bukele”, inspirado en las políticas de encarcelamiento masivo adoptadas en El Salvador y elogiadas por líderes políticos que defienden un endurecimiento máximo en la lucha contra el crimen organizado.
Analistas consultados por universidades y medios especializados, sin embargo, recuerdan que este camino ha sido cuestionado por organismos internacionales, que señalan denuncias de arrestos arbitrarios, violaciones de derechos y hacinamiento extremo en prisiones. Para estos especialistas, copiar fórmulas de excepción puede reducir homicidios a corto plazo, pero tiende a profundizar desigualdades y mantener el ciclo de violencia a largo plazo.
En la evaluación de investigadores en seguridad pública, la salida para Bahia pasa por políticas de prevención, presencia continua del Estado en territorios vulnerables, generación de empleo y renta, además de una reforma profunda del modelo policial y del sistema penitenciario. Sin eso, alertan, el estado corre el riesgo de consolidar áreas enteras bajo el mando de facciones, característica central de un narcoestado en formación.
Al final, la Bahia de 2025 revela un territorio en disputa entre el poder público y el crimen organizado, pero también entre visiones opuestas de seguridad: una más punitivista y otra centrada en la prevención y los derechos. La forma en que se resuelva esta disputa tendrá un impacto directo no solo sobre los bahianos, sino sobre el futuro de la seguridad pública en todo Brasil.
A partir de este escenario, ¿crees que Bahia ya vive algo cercano a un narcoestado o considera el término exagerado, incluso frente a los números? ¿En tu opinión, el camino debe ser un “modelo Bukele” más duro o un cambio estructural que ataque las causas sociales de la violencia? Deja tu comentario.

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