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Marcelo Crivella, alcalde de la ciudad de Río de Janeiro, solicitó el 25 de abril que el Supremo Tribunal Federal liberara la mitad de los R$ 2,5 mil millones bloqueados resultantes del acuerdo entre Petrobras y el Ministerio Público Federal
El alcalde de Río de Janeiro, Marcelo Crivella (PRB), pidió al Supremo Tribunal Federal la liberación de la mitad de los R$ 2,5 mil millones resultantes de acuerdos entre Petrobras y el Ministerio Público Federal que están bloqueados por orden de la Corte, para aplicar en la capital carioca que, al igual que el Estado, vive una situación de crisis financiera que se ha prolongado en los últimos años. En el documento, Crivella se comprometió a devolver la cantidad en hasta 90 días si, en el futuro, el plenario del Supremo no acuerda que la alcaldía de la ciudad tenía derecho a la cantidad. La solicitud deberá ser analizada por el ministro Alexandre de Moraes.
“Considerando que las necesidades de los más desvalidos no pueden esperar, y las exigencias del bien común, requiero […] que su excelencia autorice de inmediato, en carácter liminar, el levantamiento del 50% del valor en cuestión o otro porcentaje que su excelencia entienda como conveniente, para su utilización en salud, educación y en la mitigación de los efectos deletéreos de las fuertes lluvias que azotan la ciudad”, escribió el alcalde en la solicitud.
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Para justificar la liberación de la mitad de la cantidad para la Alcaldía de Río, Crivella afirma que la ciudad de Río de Janeiro fue fuertemente perjudicada por la corrupción en Petrobras, por lo que el alcalde solicitó la inmediata liberación del 50% del valor para ayudar a la ciudad. “El municipio de Río de Janeiro fue el que sufrió, de manera más dramática, los efectos de la Lava Jato”, dice parte del texto.
Aún según el alcalde, el acuerdo de Petrobras con los Estados Unidos prevé la aplicación en Brasil, sin definir en qué ciudades o estados.
La acción que se está discutiendo fue presentada por la procuradora general de la República, Raquel Dodge, al Supremo para bloquear la decisión del Ministerio Público Federal de Paraná. Inicialmente, la petrolera cerró un acuerdo con autoridades norteamericanas para la devolución a los inversionistas de US$ 853 millones, como reparación por fraudes en la estatal.
La fuerza de tarea del MPF en Paraná cerró entonces otro acuerdo con Petrobras para definir la forma de aplicación de los valores, donde prevé la aplicación de US$ 682 millones en Brasil (alrededor de R$ 2,56 mil millones), siendo que la mitad del valor (alrededor de R$ 1,25 mil millones) que Petrobras estaba obligada a invertir en Brasil, sería aplicado en un fondo patrimonial que sería administrado por una fundación privada para distribuir los rendimientos a proyectos de combate a la corrupción y promoción de la ciudadanía.
Atendiendo a las consideraciones de la PRG, Moraes suspendió la decisión y también bloqueó los valores. Moraes es el relator de la acción presentada por la procuradora general de la República, Raquel Dodge, que cuestionó el acuerdo cerrado por el MPF de Paraná.
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