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En el juicio que comenzó la semana pasada y se reinició el miércoles (05/06), se decidió ayer la necesidad de autorización legislativa para la venta de las empresas estatales, pero se autorizó la venta de las subsidiarias
Después de la tercera sesión de juicio sobre la cuestión de la venta de las empresas estatales sin aprobación del congreso, el STF decidió en contra de la venta, pero autorizó la comercialización de las subsidiarias.
La sesión ocurrió ayer, jueves (06/06), y el dictamen fue contrario cuando se trató de las empresas estatales y ocasionar pérdida de control accionario.
La Unión tiene 134 empresas estatales y 88 subsidiarias. Eletrobras tiene 30, el Banco do Brasil tiene 16 y Petrobras tiene 36, entre las más importantes, Transpetro y BR Distribuidora.
La decisión es a favor del gobierno que quería la flexibilización de las reglas para la venta de las empresas estatales, por considerar que tal acción provocará desarrollo económico.
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La decisión anula la medida cautelar del ministro Ricardo Lewandowski, que había prohibido al gobierno vender empresas estatales sin autorización del Congreso.
El año pasado, Lewandowski concedió medida cautelar atendiendo a la solicitud de la Federación Nacional de Asociaciones del Personal de la Caixa Económica Federal (Fenae) y de la Confederación Nacional de Trabajadores del Ramo Financiero (Contraf).
El STF comenzó el juicio la semana pasada y el miércoles pasado, cuando el juicio fue interrumpido, el marcador estaba empatado en 2 a 2.
Ayer (06/06) cuando se reanudaron los trabajos, Ricardo Lewandowski y Edson Fachin votaron para exigir aprobación del Legislativo en la venta de cualquier empresa pública.
Ya Alexandre de Moraes, Luís Roberto Barroso, Cármen Lúcia, Rosa Weber, Luiz Fux, Gilmar Mendes, Marco Aurélio, Celso de Mello y Dias Toffoli decidieron autorizar la venta de subsidiarias sin aprobación del Congreso.
Con la excepción de Cármen Lúcia y Marco Aurélio, el resto de los magistrados de esta corriente de voto entendieron que no es necesaria licitación para hacer este tipo de operación.
Interés de R$ 80 mil millones
El gobierno federal pretendía recaudar más de R$ 80 mil millones con privatizaciones y en las últimas semanas, el ministro de Economía, Paulo Guedes, y el abogado general de la Unión, André Mendonça, conversaron mucho con los ministros del Supremo para defender la posibilidad de que el Ejecutivo pueda desprenderse de empresas estatales sin autorización del Legislativo.
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