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Nueva directriz del gobierno Trump prevé negar visados a personas obesas o con enfermedades crónicas; regla afectará categorías de trabajo y residencia a partir de 2026.
Trump quiere frenar visados para obesos: El gobierno de los Estados Unidos prepara una de las medidas más controvertidas de la política migratoria reciente: un conjunto de nuevas directrices que pueden restringir la concesión de visados a extranjeros considerados obesos o portadores de enfermedades crónicas. El plan, revelado en documentos obtenidos por la Associated Press (AP) y confirmado por medios como KFF Health News, forma parte de una actualización en las normas de elegibilidad llevada a cabo por el Departamento de Estado durante el segundo mandato de Donald Trump, con previsión de implementación a partir de 2026.
Según la información, la regla no se aplica a turistas, pero afecta categorías de visados que involucran residencia temporal, trabajo, intercambio e inmigración permanente. En la práctica, los consulados norteamericanos empezarán a exigir información detallada sobre el historial médico y el índice de masa corporal (IMC) de los candidatos, que podrán ser catalogados como “riesgo de salud pública” y, por ello, tener el visado negado.
Lo que el documento dice de la nueva directriz del gobierno Trump
El memorando interno citado por la AP, de circulación restringida a funcionarios diplomáticos — orienta los puestos consulares a considerar el “impacto potencial de la condición de salud del solicitante sobre el sistema público de salud de EE. UU.”.
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En otras palabras, las personas que presenten enfermedades crónicas consideradas de alto costo o que puedan “representar sobrecarga al sistema” podrían ser clasificadas como inelegibles.
Entre los ejemplos listados están obesidad severa, diabetes tipo 2, hipertensión, cardiopatías, trastornos metabólicos y enfermedades pulmonares crónicas. Según el documento, las autoridades consulares podrán exigir exámenes médicos complementarios e informes de historial clínico antes de aprobar la petición.
Estas nuevas orientaciones están alineadas a una ampliación del concepto de “public charge” (carga pública) — principio que, desde 1882, permite negar el visado o el green card a extranjeros que puedan convertirse en dependientes de beneficios gubernamentales.
El gobierno Trump ya había intentado endurecer esta regla en 2019, pero la medida fue bloqueada judicialmente tras una fuerte reacción de entidades civiles. Ahora, la versión revisada vuelve a la pauta con énfasis en factores de salud física y capacidad laboral.
Impacto sobre candidatos y consulados
De acuerdo con la KFF Health News, el nuevo protocolo crea un sistema de evaluación médica basado en “criterios de productividad y autosuficiencia económica”. Esto significa que los consulados podrán considerar la condición física y el potencial de empleabilidad del solicitante como parte del proceso de aprobación.
Fuentes del Departamento de Estado consultadas por la AP afirman que el objetivo oficial es “proteger la sostenibilidad del sistema de salud y reducir costos con extranjeros morosos”, pero diplomáticos reconocieron, bajo anonimato, que el texto abre margen para interpretaciones subjetivas y prácticas discriminatorias.
La orientación aún sugiere que los consulados mantengan registros médicos digitalizados y compartan los datos con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), lo que ha levantado preocupaciones entre abogados de inmigración sobre privacidad y violación de derechos humanos.
Especialistas alertan sobre discriminación y riesgos legales
La medida generó reacciones inmediatas de especialistas en salud pública y entidades jurídicas. La profesora Fatima Cody Stanford, de la Harvard Medical School, declaró a la KFF que “usar el peso corporal como criterio de exclusión es una forma moderna de discriminación sanitaria, sin base científica sólida para prever costos o productividad”.
La American Civil Liberties Union (ACLU) clasificó la propuesta como “incompatible con la Constitución y con tratados internacionales de derechos humanos”. Según la entidad, la norma “estigmatiza a personas con condiciones crónicas y refuerza prejuicios basados en la apariencia y condición médica”.
Aún dentro de EE. UU., hay dudas sobre la viabilidad legal de la medida. Juristas apuntan que la política puede violar el Americans with Disabilities Act (ADA), que prohíbe la discriminación basada en condiciones de salud, incluyendo obesidad diagnosticada como enfermedad.
El impacto potencial en Brasil y en América Latina
El cambio preocupa especialmente a los brasileños y latinoamericanos que planean migrar a Estados Unidos por trabajo, intercambio o residencia. En 2024, más de 230 mil brasileños solicitaron visados temporales y 16 mil pidieron el green card, según el Departamento de Estado norteamericano.
Si se aplican las nuevas reglas, candidatos con IMC superior a 35, hipertensión o diabetes podrán enfrentar dilaciones o denegaciones automáticas, a menos que presenten certificados médicos que demuestren el control de la condición. Oficinas de abogados en Miami y Nueva York ya reportan un aumento de consultas sobre el tema desde la divulgación del documento.
Histórico y reacción internacional
Esta no es la primera vez que el gobierno Trump intenta vincular la salud física a políticas migratorias. En 2020, una orden ejecutiva exigía que inmigrantes presentaran seguro de salud antes de entrar al país, pero la regla fue suspendida por la Justicia Federal por falta de amparo legal.
Organizaciones internacionales, como la Organización Mundial de la Salud (OMS), critican el uso de indicadores de peso como instrumento político. Según la OMS, la obesidad es una condición multifactorial y no puede ser utilizada aislada como criterio de capacidad laboral o riesgo económico.
Gobiernos aliados, como Canadá y el Reino Unido, también han expresado preocupación sobre el precedente que la medida puede crear. Fuentes del Itamaraty, consultadas por el diario O Globo, afirmaron que Brasil debe buscar “garantías diplomáticas de que los criterios no serán aplicados de forma discriminatoria a ciudadanos brasileños”.
Lo que aún puede cambiar
A pesar de la amplia repercusión, el plan aún está en fase de consulta interna y deberá pasar por revisión del Congreso norteamericano y del Departamento de Justicia antes de entrar en vigor. Caso aprobado, las reglas comenzarían a aplicarse de forma gradual a partir de enero de 2026, con pruebas en embajadas ubicadas en México, Brasil, Filipinas e India, países que concentran un alto volumen de solicitudes de visado de trabajo.
Mientras tanto, las organizaciones civiles norteamericanas ya se movilizan para impugnar la propuesta en los tribunales, afirmando que representa “una forma encubierta de segregación médica en políticas migratorias”.
La polémica muestra cómo la relación entre salud, inmigración y política ha vuelto al centro del debate en Estados Unidos. Si se implementa, la nueva directriz podría alterar no solo la forma en que se conceden los visados, sino también la manera en que el país define quién merece — o no — la oportunidad de vivir en el territorio norteamericano.
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