Una demanda del Instituto Arayara busca anular la renovación de la licencia del Gasoducto Brasil Central, un proyecto de 905 km entre São Carlos y Brasilia. La entidad cuestiona la antigüedad de los estudios, los impactos ambientales y la consulta a las comunidades.
Un gasoducto de 905 kilómetros proyectado para conectar el interior de São Paulo con Brasilia enfrenta una disputa judicial por su licencia ambiental. El Instituto Arayara presentó una acción civil pública ante la Justicia Federal de Brasil para anular la renovación de la autorización de instalación del Gasoducto Brasil Central, una obra con capacidad proyectada para transportar 3,75 millones de metros cúbicos de gas natural por día.
La demanda se dio a conocer el 16 de noviembre de 2026 y cuestiona la decisión del Ibama, el organismo ambiental de Brasil, de renovar la licencia en diciembre de 2025. La entidad alega que parte de la documentación ambiental se basa en relevamientos antiguos y que algunos aspectos importantes del trazado deben reevaluarse. La controversia gira en torno a una infraestructura aún proyectada, cuya ejecución está sujeta al proceso de licenciamiento y a las decisiones de las autoridades competentes.
El proyecto prevé un trazado de 905 kilómetros y el paso por más de 30 municipios
El Gasoducto Brasil Central es desarrollado por Transportadora de Gás Brasil Central (TGBC). Según la descripción publicada por la propia empresa, el trazado proyectado parte de São Carlos, en el interior del estado de São Paulo, y llega a Brasilia, tras recorrer aproximadamente 905 kilómetros con una tubería de 14 pulgadas de diámetro.
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El recorrido previsto atraviesa más de 30 municipios de São Paulo, Minas Gerais, Goiás y el Distrito Federal. Entre los lugares mencionados en la cobertura de la demanda están Uberaba y Uberlândia, en el Triángulo Mineiro, en Minas Gerais, además de Itumbiara y Goiânia, en Goiás. El trazado conecta zonas urbanas, áreas agrícolas y otros territorios que deben considerarse en los estudios para su implementación.
La capacidad anunciada de 3,75 millones de m³ por día es un dato del proyecto, no un volumen que se transporte actualmente. El gasoducto tendría la función de transportar gas natural entre los puntos de la futura red, pero el suministro comercial depende de su construcción, de los equipos y de las autorizaciones necesarias.
Instituto Arayara impugna la renovación concedida por el Ibama

Según informó Folha de S.Paulo, Arayara presentó la demanda ante el 9.º Juzgado Federal Civil de la Sección Judicial del Distrito Federal. La entidad solicita que se anule la renovación de la licencia ambiental de instalación emitida por el Ibama a fines de 2025.
El grupo sostiene que la etapa más antigua de la evaluación ambiental tiene más de dos décadas y que las condiciones de los municipios y los entornos naturales a lo largo del recorrido han cambiado desde entonces. También exige una evaluación que tenga en cuenta los posibles efectos climáticos asociados al proyecto y a sus operaciones.
Entre las críticas planteadas en la demanda figuran presuntas fallas en el trazado, el uso de certificados municipales que habrían perdido vigencia y asuntos pendientes relacionados con requisitos de la licencia anterior. Estas alegaciones forman parte de la solicitud de la asociación y deberán ser examinadas por las autoridades judiciales y ambientales.
Las licencias anteriores datan de 2010 y 2013
La cronología publicada por TGBC ayuda a entender por qué se empezó a cuestionar la antigüedad de la documentación. La empresa registra una Licencia Previa n.º 369/2010, emitida en agosto de 2010, y una Licencia de Instalación n.º 982/2013, otorgada en noviembre de 2013.
La misma lista de hitos regulatorios señala que la Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP) emitió la declaración de utilidad pública del trazado en mayo de 2013, publicada en el Diario Oficial de la Unión en junio de ese año. La empresa presentó ante la agencia una solicitud de autorización de construcción en noviembre de 2013.
En diciembre de 2025, el Ibama renovó la licencia de instalación, una medida que ahora está siendo cuestionada. Una licencia de este tipo establece las condiciones para ejecutar el proyecto, mientras que la operación comercial depende de las demás etapas y requisitos regulatorios. La controversia judicial se centra en la legalidad de esa renovación.
Asentamientos y áreas protegidas, entre las preocupaciones
Además de considerar antiguos los estudios, el Instituto Arayara señala posibles interferencias del trazado en asentamientos rurales, comunidades quilombolas, áreas protegidas y sitios arqueológicos. La organización afirma haber elaborado un análisis espacial para identificar casos de proximidad o superposición que, a su juicio, deberían estudiarse con mayor profundidad.
Entre los reclamos figura la falta de pronunciamiento del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria de Brasil (Incra) sobre las áreas de asentamiento, así como la falta de consulta previa a las comunidades que la entidad considera directamente afectadas. La demanda también cuestiona la transparencia del proceso y menciona discrepancias entre las áreas técnica y jurídica del propio Ibama.
El recorrido mencionado en la demanda atraviesa Goiás, donde hay paisajes del bioma Cerrado y zonas sometidas a una rápida transformación urbana. Los estudios ambientales de obras lineales de esta extensión deben describir las condiciones de los tramos efectivamente atravesados e identificar las medidas aplicables a cada caso. El análisis de Arayara incluye alegaciones sobre el trazado propuesto, que aún deben ser examinadas oficialmente.
Qué podría cambiar la acción judicial en la construcción del gasoducto
El instituto solicitó una medida urgente para suspender los efectos de la renovación de la licencia mientras se examina la controversia y, en la sentencia de fondo, busca que se la anule. Un fallo favorable podría afectar la planificación y el cronograma de ejecución del proyecto.
Según informó Folha el 16 de noviembre, el Ibama no había respondido las preguntas enviadas por el diario hasta el cierre de la nota. La información disponible da cuenta de la presentación de la demanda y sus argumentos; el inicio del proceso no equivale a una decisión judicial que haya revocado la licencia.
TGBC mantiene en su página institucional los datos sobre la extensión, la capacidad y las licencias anteriores del proyecto. Estas cifras describen la infraestructura concebida para el corredor São Carlos–Brasilia y no demuestran que los 905 kilómetros de tubería ya se hayan construido.
Gasoducto Brasil Central espera una decisión sobre la impugnación ambiental
La continuidad del proyecto está vinculada a la validez de sus actos de licenciamiento y al cumplimiento de los demás requisitos para la construcción. El proceso podría aclarar si la renovación de 2025 contó con documentación suficiente para el alcance de la obra o si serán necesarios nuevos estudios, consultas y ajustes.
Mientras avanza la controversia, la propuesta de TGBC sigue registrada como un corredor de 905 kilómetros y con una capacidad proyectada de 3,75 millones de m³ diarios. El próximo avance concreto será la decisión judicial sobre las solicitudes presentadas por el Instituto Arayara, además de eventuales aclaraciones de las autoridades y la empresa.
