La norma 13.116 impide que los municipios legislen sobre el cableado eléctrico, creando un vacío de responsabilidad que perpetúa la contaminación visual y los riesgos para la población.
El enredo de cables que domina el paisaje de la mayoría de las ciudades brasileñas contrasta fuertemente con la organización de metrópolis como París, Madrid y Nueva York, que desde hace décadas invierten en el enterramiento de sus redes. En Brasil, la contaminación visual es solo el síntoma más aparente de un problema profundo: la compleja y peligrosa infraestructura de la cableado eléctrico aéreo. Este modelo, además de ser estéticamente desagradable, expone a la población a riesgos constantes de accidentes y deja el sistema vulnerable a apagones, como señala un análisis detallado del canal Conocimiento Global.
El centro del problema reside en un impasse jurídico que paraliza cualquier avance significativo. Mientras los municipios intentan crear leyes para forzar la modernización y el enterramiento de los cables, una legislación federal centraliza esta decisión en la Unión. El resultado es un escenario de inercia, donde las concesionarias de energía y telecomunicaciones se amparan en la ley federal para no asumir los costos multimillonarios de la modificación, y la población sigue conviviendo con postes sobrecargados y cables que representan una amenaza diaria.
El costo multimillonario de la modernización
Uno de los principales argumentos utilizados para justificar el mantenimiento del modelo aéreo es el costo financiero. La diferencia de valores entre los dos sistemas es impactante. Según estimaciones de mercado, mientras la construcción de 1 kilómetro de red aérea cuesta en promedio R$ 100 mil, el mismo tramo con cables subterráneos puede ascender a más de R$ 840 mil. En algunos casos, esta disparidad es aún mayor, como demostró Celesc, la distribuidora de energía de Santa Catarina, al informar que el costo de la red subterránea podría superar R$ 1,7 millones por kilómetro.
-
Con la llegada de la Ley 11.788, el prácticas pasa a ser reconocido como experiencia profesional.
-
¿Qué dice el Código Civil brasileño sobre cortar las raíces de un árbol del vecino que invaden el terreno?
-
Ingeniero es condenado a devolver R$ 148 mil tras acumular cargos públicos en tres municipalidades de Rondônia con horarios incompatibles y la decisión es mantenida por el Tribunal de Justicia.
-
La Cámara aprueba un proyecto que crea un Seguro de Vida obligatorio para policías, bomberos, guardias y agentes de tránsito.
Esta diferencia de precio se explica por la complejidad y los materiales involucrados. Los cables aéreos son más simples, utilizando el propio aire como aislante natural. En cambio, los cables subterráneos requieren múltiples capas de protección contra la humedad, la presión del suelo y el calor. Además, la infraestructura subterránea demanda transformadores encapsulados, tubos de polietileno de alta densidad, cajas de paso de concreto y cámaras subterráneas, equipos mucho más caros y duraderos, diseñados para operar en ambientes cerrados y con poca ventilación.
El laberinto jurídico que paraliza el avance
A pesar de los altos costos, el mayor obstáculo para la modernización de la cableado eléctrico en Brasil es la burocracia. El caso más emblemático, según lo destaca el canal Conocimiento Global, ocurre en São Paulo. En 2005, la alcaldía sancionó la Lei nº 14.023, que obligaba a las concesionarias a enterrar 250 km de cables por año, sin repercutir los costos a los consumidores. Si se hubiera cumplido, la ley habría garantizado más de 2.000 km de redes subterráneas en la ciudad actualmente. Sin embargo, el Sindicato de la Industria de la Energía en el Estado de São Paulo recurrió a la Justicia, alegando que el municipio no tenía competencia para legislar sobre concesiones federales.
La batalla judicial se alargó durante una década, hasta que, en 2015, la Justicia Federal suspendió la ley municipal. La decisión creó un precedente que se extendió por el país, derribando leyes similares en otras capitales. Ese mismo año, la situación se consolidó con la sanción de la Lei Federal nº 13.116, que dejó explícito que corresponde exclusivamente a la Unión regular los aspectos técnicos de las redes de energía y telecomunicaciones. En la práctica, la ley convirtió cualquier iniciativa municipal en inconstitucional, generando un impasse definitivo: las alcaldías no pueden obligar, y las concesionarias no tienen incentivo para invertir.
Desafíos operacionales y la falta de planificación
Aunque el impasse jurídico se resolviera, la complejidad técnica de las obras sería un desafío gigantesco. Un proyecto de Enel en São Paulo, en Vila Olímpia, llevó años para enterrar solo 4,2 km de cables, a un costo de R$ 5 millones por kilómetro. Las obras son lentas, pues las excavaciones solo pueden ocurrir durante la madrugada para no impactar el tránsito, generando quejas de los residentes debido al ruido. Además, el subsuelo de las grandes ciudades brasileñas está desorganizado, con mapas de galerías de agua, gas y alcantarillado muchas veces imprecisos, lo que causa retrasos y paralizaciones.
Detrás de esto, hay una falta crónica de planificación a largo plazo. Los políticos evitan iniciar “obras enterradas” que no generan visibilidad o retorno electoral inmediato, prefiriendo proyectos que garanticen inauguraciones dentro de sus mandatos. Por el lado de las concesionarias, que operan con contratos de 30 años, la presión por resultados trimestrales para los accionistas desincentiva inversiones multimillonarias que no aumentan la facturación a corto plazo. Según especialistas consultados por el canal Conocimiento Global, la propia industria nacional de materiales no estaría preparada para atender a una demanda a gran escala, en caso de que se iniciara un proyecto nacional de enterramiento.
El precio de la inercia: riesgos, apagones y muertes
Mantener el cableado eléctrico expuesto tiene un costo humano y social altísimo. El sistema aéreo es extremadamente vulnerable a eventos climáticos. La tormenta que azotó São Paulo en noviembre de 2023, con vientos de más de 100 km/h, dejó más de 2 millones de personas sin energía y causó pérdidas multimillonarias. Regiones enteras quedaron a oscuras durante días, mostrando cómo la caída de un solo árbol puede paralizar barrios enteros.
Las cifras de accidentes son aún más alarmantes. Un estudio del Instituto de Defensa de los Consumidores (Idec) reveló que, entre 2009 y 2024, se registraron alrededor de 36.000 ocurrencias relacionadas con cableado, resultando en más de 4.000 muertes. Solo entre 2022 y 2024, se produjeron 660 muertes. Uno de esos trágicos casos fue el del portero Leonardo Monsores da Silva, en Río de Janeiro, que murió electrocutado al tocar un poste. Según Anatel, de los 50 millones de postes en el país, alrededor de 10 millones están sobrecargados con cables y conexiones irregulares, aumentando exponencialmente el riesgo para la población.
Los beneficios más allá de la estética
La modernización de la infraestructura traería ventajas que van mucho más allá de la apariencia. La principal de ellas es la fiabilidad del sistema. Según datos de la Unión Europea, los consumidores europeos se quedan, en promedio, solo 12,2 minutos al año sin energía. En Brasil, este promedio supera las 10 horas anuales. Esta diferencia impactante refleja décadas de inversión en redes subterráneas y mantenimiento predictivo en Europa.
Con la eliminación de los postes y del cableado eléctrico aéreo, las calles se vuelven más seguras y organizadas. Los árboles pueden crecer libremente, sin las podas agresivas y constantes necesarias para evitar el contacto con los cables. Además, la mejora del paisaje urbano tiende a valorizar los inmuebles y atraer más turismo, generando un ciclo positivo para la economía local. La inercia actual, por lo tanto, no representa solo una elección por un modelo anticuado, sino una renuncia a un futuro más seguro, eficiente y calificado para las ciudades brasileñas.
La complejidad para enterrar el cableado eléctrico en Brasil implica costos, leyes y política. Ante los riesgos y la baja calidad del servicio actual, ¿cuál crees que debería ser el primer paso para resolver este problema?
¿Estás de acuerdo con la centralización de esta decisión en el gobierno federal o crees que los municipios deberían tener autonomía? Deja tu opinión en los comentarios, queremos escuchar a quienes viven esto en la práctica.


E um absurdo nossos parlamentares não abraçarem essa causa, 4000 mortes , não sensibiliza ninguém? , Apenas uma morte basta num país desenvolvido , enquanto isso convivemos com essas fiações horríveis ,inseguras e preços exorbitantes das contas de energia !!!