En enero de 2024, Noruega aprobó abrir un área de 280 mil km² para minería en mar profundo en el Ártico, pero la 1ª subasta de licencias fue suspendida y sigue en disputa.
Cuando Noruega decidió abrir camino hacia la minería en mar profundo en el Atlántico Norte y en áreas asociadas al Ártico, no estaba solo hablando de “más una frontera de recursos”. El país puso sobre la mesa un tema que afecta a tres pilares al mismo tiempo: seguridad de la cadena industrial, minerales críticos y riesgo ambiental en ecosistemas poco conocidos.
El punto clave es que Noruega, en enero de 2024, aprobó en el Parlamento un plan para abrir una área gigantesca, cerca de 280.000 km², para actividades relacionadas con minerales en el fondo del mar, con la intención de comenzar a otorgar licencias a partir de 2025.
Sin embargo, el recorrido no fue lineal: la primera ronda de licencias fue suspendida tras negociaciones políticas relacionadas con el presupuesto, y, más tarde, decisiones gubernamentales indicaron que no habría emisión de licencias durante el actual mandato parlamentario, con horizonte hasta 2029, según la cobertura de prensa.
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Después de China, llegó el turno de los EE. UU. de ‘garantizar’ una parte de los recursos naturales de Brasil: el país compra por R$ 3 mil millones tierras raras críticas brasileñas y entra en el centro de la disputa global por tecnología.
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La mayor mina de Vale fue descubierta por accidente y hoy representa casi todo el mineral producido por la compañía.
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Las tierras raras están en todo, desde el celular hasta el tren bala, y lo que casi nadie percibe es por qué se han convertido en el objetivo de una guerra global tan delicada.
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Brasil retira 26,3 millones de toneladas de mineral de lo que antes se trataba como desecho, transforma residuos en riqueza, produce más de 3 millones de toneladas de arena y muestra cómo la minería nacional está reaprendiendo a generar valor.
Lo que Noruega aprobó, y el tamaño real del movimiento
Lo que se aprobó en 2024 no fue “comenzar a minar mañana”. Fue abrir la puerta legal y política para que el país avance hacia una nueva industria: extracción de recursos minerales del lecho oceánico en su plataforma continental y áreas marítimas bajo jurisdicción nacional.
El número que da dimensión al movimiento es este: 280.000 km², un área mayor que muchos países, citada por medios internacionales como el espacio que podría abrirse a solicitudes y procesos relacionados con la minería en mar profundo.
Otro dato importante es la profundidad. Parte relevante del debate se concentra en depósitos asociados a sistemas hidrotermales y dorsales meso-oceánicas, frecuentemente alrededor de 3.000 metros de profundidad.
Qué minerales están en juego
La narrativa pública es “minerales para la transición energética”. En la práctica, es también una agenda de competitividad industrial y disuasión geopolítica: reducir dependencias externas en cadenas como baterías, turbinas y electrónica.
La estimación de recursos en el mar noruego, divulgada por la Dirección Offshore Noruega (dirección estatal vinculada al sector offshore), menciona volúmenes potenciales de metales en dos grandes tipos de ocurrencia: sulfatos polimetálicos (asociados a fuentes hidrotermales, los “black smokers”) y crostas de manganeso (manganese crusts).
Entre los números que más llaman la atención, la dirección señala, por ejemplo:
- 38 millones de toneladas de cobre y 45 millones de toneladas de zinc en sulfatos, además de estimaciones de oro y plata.
- Para crostas de manganeso, las estimaciones incluyen cobalto en millones de toneladas y volúmenes relevantes de metales utilizados en tecnología, además de tierras raras como cerio y neodimio en estimaciones a gran escala.
Estos números no significan “reserva probada” lista para extracción. Son estimaciones de recursos baseadas en datos geológicos y muestras, utilizadas para fundamentar escenarios y políticas. Pero son suficientemente fuertes para explicar por qué Noruega decidió abrir un debate que muchos países evitan.
El giro político: abrió en 2024, pero el licenciamiento se detuvo
Lo que transformó el tema en crisis política fue el calendario. El gobierno noruego pretendía comenzar a emitir licencias en 2025.
Sin embargo, en negociaciones de presupuesto, los partidos exigieron pausar la primera ronda como condición para su apoyo. Reportajes indican que esto, en la práctica, “congeló” el inicio del licenciamiento durante el período del mandato.
En 2025, la discusión volvió a acaparar titulares con la idea de que el país no emitiría licencias en el actual mandato, con horizonte hasta 2029, aunque los trabajos preparatorios y la discusión regulatoria podrían continuar.
Es decir, el mensaje queda claro y poderoso: Noruega legalizó el camino, pero aún no ha liberado la carrera.
Por qué Noruega quiso liderar este movimiento ahora
Existen tres razones que aparecen repetidamente en las justificaciones y análisis públicos:
1) Cadenas de baterías y metales estratégicos
Cobre, níquel, cobalto, tierras raras y metales asociados se han convertido en insumos críticos de tecnología y energía. Y como China domina parte expresiva del procesamiento y refinado global, cualquier estrategia de “autonomía” pasa por diversificar fuentes.
2) Una “nueva industria” para el post-petróleo
Noruega es potencia de petróleo y gas, pero también intenta posicionarse en la transición. La minería submarina aparece como posibilidad de mantener expertise offshore, barcos especializados, robótica submarina y cadenas industriales avanzadas.
3) Jurisdicción nacional, menos guerra jurídica que en aguas internacionales
Buena parte del debate mundial sobre minería submarina pasa por la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA), vinculada a la ONU. Noruega, al enfocarse en sus áreas bajo jurisdicción, intenta operar en un terreno regulatorio diferente del “alto mar”, aunque esto no elimina críticas y disputas.
El punto crítico: lo que puede salir mal en el fondo del mar
El argumento ambiental contra la minería en mar profundo es simple y contundente: el océano profundo es poco conocido, y ciertas perturbaciones pueden ser prácticamente irreversibles en escala humana.
Organizaciones ambientales y parte de la comunidad científica alertan sobre el riesgo de daño a la biodiversidad, ruido, nubes de sedimento, impactos sobre cadenas alimentarias e incertidumbres sobre la recuperación de hábitats.
Este choque se convirtió también en una disputa judicial. La WWF Noruega, por ejemplo, presentó una acción impugnando la apertura, argumentando fallas en la evaluación de las consecuencias.
Incluso quienes no están “en contra por principio” suelen decir que el costo del error puede ser enorme, justamente porque el ambiente es difícil de monitorear y lento para regenerarse.
Lo que la suspensión significa en la práctica: ¿murió o solo está esperando?
Por los relatos más consistentes, no es “fin definitivo” y tampoco es “liberación total”. Es una postergación política: el país mantiene debate, mapeo y preparación regulatoria, pero retiene la llave de la puerta en la parte más sensible, que es liberar licencias e iniciar la exploración.
Para quienes siguen la guerra global por minerales críticos, el mensaje es doble:
- Noruega ha señalado que quiere estar en el tablero.
- El costo político y ambiental del movimiento es alto, y la sociedad noruega aún no ha “firmado de forma categórica” de la manera que algunos sectores industriales desearían.




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