Especie invasora amenaza cultivos, biodiversidad y rebaños, mientras que el proyecto de ley propone descentralización del manejo, remuneración de cazadores acreditados y aprovechamiento de la carne para contener el avance poblacional que preocupa a productores y autoridades.
La escalada de daños causados por jabalíes y jabalis ha reavivado el debate en el Congreso y en el agronegocio sobre nuevas reglas de manejo.
En medio de la presión por respuestas rápidas, el diputado Alceu Moreira (MDB-RS), coordinador institucional de la Frente Parlamentaria de la Agropecuaria, defiende cambios en la legislación para descentralizar el control actualmente concentrado en el Ibama y remunerar a cazadores acreditados.
La meta, según estimaciones citadas por entidades del sector, es elevar el ritmo de caza a algo cercano de 1 millón de animales en 2025, tras un año en el que cerca de 500 mil habrían sido eliminados sin contener el avance poblacional.
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El agua que casi todo el mundo tira después de cocinar papas contiene nutrientes liberados durante la preparación y puede ser reutilizada para ayudar en el desarrollo de plantas cuando se usa correctamente en la base de huertos y macetas, sin costo adicional y sin cambiar la rutina.
Propuesta en discusión: descentralización y agilidad
En el centro del debate está el PL 4253/2025, señalado por el parlamentario como un camino para transferir parte de las decisiones de manejo a estados y municipios.
La idea es permitir respuestas más rápidas en áreas donde los perjuicios se acumulan.
“No es correcto imaginar que las personas que viven en los municipios, que son autoridades constituidas, sean menos responsables que las personas del Ibama. Ellas tienen medios locales para hacer el control”, afirmó Moreira, al defender una reglamentación nacional que otorgue autonomía según la situación sanitaria y poblacional en cada región.
Mientras tanto, las municipalidades y los gobiernos estatales informan dificultades para actuar ante un marco considerado burocrático.
Para los defensores del cambio, la gestión local permitiría cercos, capturas y cacerías en ventanas de tiempo más cortas, reduciendo los daños en las propiedades rurales.
Presión del campo: cultivos y rebaños en riesgo
El avance de la especie invasora ataca dos flancos: producción agrícola y sanidad animal. En cultivos de maíz y soja, los productores informan pérdidas que, en algunas áreas, pueden llegar a 40%.
Además del consumo directo, hay informes de degradación de nacientes, revolvimiento del suelo y competencia con especies nativas, lo que agrava los impactos sobre la biodiversidad.
El riesgo sanitario también preocupa. El jabalí puede actuar como vector de peste porcina clásica y, en escenarios críticos, comprometer estrategias de prevención a enfermedades con impacto directo en el estado sanitario del país, como la fiebre aftosa.
Para el agro, perder credenciales de país libre de estas enfermedades significa enfrentar barreras en mercados internacionales y costos adicionales para recuperar la confianza.

Objetivos numéricos e histórico reciente de abates
Entidades que siguen el tema indican que el contingente abatido en 2024 — estimado en 500 mil animales — no fue suficiente para reducir la población.
Para 2025, la referencia de 1 millón surge como un nivel necesario para contener la curva de crecimiento y mitigar pérdidas.
La evaluación es que, sin acciones coordinadas y continuas, las ganancias puntuales de manejo se pierden en el ciclo reproductivo acelerado de la especie.
Remuneración y escala: cazador acreditado como ejecutor
Además de la descentralización, Moreira propone bonificación a cazadores acreditados, equiparando el combate al jabalí a otras tareas de interés público.
“Si el jabalí es una plaga que amenaza la economía y la salud pública, el control debería ser un deber del Estado, al igual que ocurre en la lucha contra el dengue. Pero, si el Estado no está dispuesto a asumir solo esta tarea, necesita remunerar a quien lo hace”, dijo.
La lógica es crear escala operativa y previsibilidad para quienes actúan en campo, con criterios técnicos, trazabilidad y fiscalización.
Inspirado en experiencias extranjeras citadas por los apoyadores, el modelo remunerado buscaría estandarizar procedimientos, reducir riesgos y ampliar el alcance de acciones en áreas críticas.
Por otro lado, la remuneración está condicionada, en la propuesta, a acreditación y cumplimiento de protocolos, evitando improvisaciones y garantizando el registro de las operaciones.
Aprovechamiento de la carne: proteína bajo inspección
El parlamentario también sostiene que la carne de jabalí no debe ser descartada cuando haya inspección veterinaria y condiciones sanitarias adecuadas.
Según él, frigoríficos regionales podrían absorber parte de esta proteína para consumo humano, reduciendo desperdicios.
La premisa es que cada animal abatido genere un retorno social y económico, sin renunciar a un control sanitario riguroso.
Voz del sector: “bomba-reloj” para el agro
La Asociación Brasileña de Cazadores Aquí Hay Jabalí evalúa que la situación alcanzó un punto crítico.
Su presidente, Rafael Salerno, clasificó el cuadro como una “bomba-reloj contra el agro brasileño”, al diferenciar el control de la especie invasora de la caza ilegal de fauna nativa, como capibaras y onzas.
Para él, la extinción completa del jabalí ya no es factible y el enfoque debe ser reducir daños de forma continua y escalonada.

Resistencia y salvaguardias: el impasse político
A pesar de la presión del campo, la pauta enfrenta resistencia ideológica en sectores contrarios a la caza y al uso de armas.
Críticos temen que autorizaciones ampliadas al jabalí funcionen como una puerta de entrada para abusos contra especies nativas.
Moreira responde: “Existe la desconfianza de que, al autorizar la caza del jabalí, el cazador también vaya a cazar otras especies. Eso es un absurdo. El país no puede ser regulado por la desconfianza. El cazador de jabalí es disciplinado, está en asociaciones y no quiere perder sus derechos”.
En este punto, la discusión se desplaza al diseño regulatorio: reglas claras de acreditación, monitoreo por estado y municipio, registro de cacerías, límites geográficos y estándares de seguridad son citados como instrumentos para prevenir desviaciones y castigar conductas irregulares.
Mientras tanto, especialistas insisten en la necesidad de campañas permanentes, evaluación de indicadores de población y transparencia en la divulgación de datos.

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