La nueva regulación establece cómo deberán demostrar las aerolíneas la reducción de emisiones en los vuelos nacionales. Las metas comienzan en el 1 % en 2027, mientras que las reglas de fiscalización prevén multas y mecanismos de certificación del combustible sostenible.
Brasil dio un paso más para ampliar el uso de combustibles sostenibles en la aviación. La Agencia Nacional de Aviación Civil de Brasil (ANAC) aprobó nuevas reglas para monitorear y fiscalizar la reducción de emisiones de las aerolíneas, con metas que comienzan en 2027 y sanciones para quienes no cumplan sus obligaciones.
La medida forma parte del Programa Nacional de Combustible Sostenible de Aviación (ProBioQAV) y establece una multa de R$ 750 por cada tonelada de CO₂ equivalente que no se reduzca para alcanzar la meta exigida.
La Resolución n.º 820 fue aprobada por la junta directiva de la agencia en noviembre de 2026 y publicada en el Diario Oficial de la Unión el día 17, con una corrección publicada el día 18. Además de definir cómo se contabilizarán las emisiones, el texto determina qué documentos deberán presentar las empresas para demostrar sus resultados.
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Las aerolíneas tendrán metas de reducción de emisiones a partir de 2027
El cambio comienza con una meta relativamente modesta, que deberá aumentar en los próximos años. En 2027, los operadores aéreos alcanzados por el programa deberán lograr una reducción del 1 % en las emisiones de gases de efecto invernadero de sus operaciones nacionales.
Ese porcentaje se mantendrá en 2028, subirá al 2 % en 2029 y llegará gradualmente al 10 % a partir de 2037, de acuerdo con la trayectoria establecida por la Ley del Combustible del Futuro y el decreto que reglamentó el programa.
Los requisitos no se aplicarán indistintamente a todas las empresas que tienen aeronaves. La resolución alcanza a los operadores sujetos a las reglas de certificación establecidas por la ANAC que superen las 10.000 toneladas de CO₂ emitidas en vuelos nacionales durante un año calendario.
La obligación de monitorear las emisiones y cumplir la meta comenzará en enero del año siguiente a aquel en que la empresa supere ese límite, siempre que se cumplan las demás condiciones de la norma.
En la práctica, la regulación busca convertir el compromiso ambiental en una obligación cuantificable. Cada compañía alcanzada deberá monitorear el consumo de combustible, calcular sus emisiones y demostrar cuánto logró reducirlas.
Esto no significa que todos los aviones deban usar una mezcla que contenga exactamente un 1 % de combustible sostenible de aviación (SAF). La meta se basa en la reducción de emisiones, calculada según la metodología regulatoria, y no simplemente en la proporción de SAF cargada en los tanques.

Cómo se integra el combustible sostenible de aviación en este cambio
El principal instrumento para alcanzar las metas es el SAF, sigla en inglés de Sustainable Aviation Fuel (combustible sostenible de aviación). Puede producirse mediante distintas rutas industriales, con materias primas como aceites vegetales, residuos agrícolas, grasas y otras fuentes de carbono admisibles.
Una de sus ventajas es que puede utilizarse en aeronaves y sistemas de abastecimiento existentes, siempre que se respeten las especificaciones técnicas y los límites de mezcla autorizados.
La diferencia ambiental se aprecia al considerar todo el ciclo de vida del combustible. Mientras que el queroseno convencional depende del petróleo, el SAF puede aprovechar materias primas renovables o con menor intensidad de carbono, lo que reduce el impacto climático asociado a su producción y consumo.
Según una estimación divulgada por el Ministerio de Puertos y Aeropuertos de Brasil con base en información de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), el SAF puede reducir hasta un 80 % las emisiones de gases de efecto invernadero a lo largo de su ciclo de vida, dependiendo de la tecnología y del origen de la materia prima.
Este potencial no significa que las emisiones se reduzcan automáticamente un 80 % en cualquier vuelo. Los resultados dependen de la composición del combustible, la cantidad utilizada y la sostenibilidad de su cadena de producción.
Brasil ya comenzó a desarrollar esta oferta. En diciembre de 2025, Petrobras anunció las primeras entregas de SAF producido íntegramente en el país y certificado según criterios internacionales, desde la Refinería Duque de Caxias, en Río de Janeiro.

La incorporación de este combustible al mercado brasileño cobra importancia a medida que se acercan los plazos para cumplir las metas, ya que las compañías necesitarán acceso a productos certificados y deberán demostrar los beneficios ambientales asociados a su uso.
Multa de R$ 750 por cada tonelada que no se reduzca y sanciones por errores en los informes
El incumplimiento de las metas tendrá consecuencias financieras. Según la normativa, la empresa que no alcance la reducción exigida quedará sujeta a una multa de R$ 750 por cada tonelada de CO₂ equivalente que no haya reducido.
Si una compañía no cumple, por ejemplo, con una reducción de 1.000 toneladas, la aplicación del monto previsto daría lugar a una multa de R$ 750.000, antes de los eventuales procedimientos y criterios administrativos aplicables.
Sin embargo, el pago no extingue la obligación ambiental. La cantidad que no se haya reducido deberá compensarse al año siguiente, además de la nueva meta fijada para ese período.
La fiscalización también abarca los datos enviados a la ANAC, la agencia de aviación civil de Brasil. Las compañías deberán presentar un Plan de Monitoreo de Emisiones, un Informe de Emisiones y un Informe de Cumplimiento de las metas, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la agencia.
Según la versión de la Resolución n.º 820 publicada con la rectificación del 18 de noviembre, no presentar el Informe de Emisiones puede dar lugar a una multa base de R$ 84.000. La información incompleta o no veraz en ese documento también puede acarrear una sanción, con un monto base de R$ 60.000.
La norma ya está vigente, pero eso no significa que las multas por incumplir las metas de 2027 se aplicarán inmediatamente al comienzo de ese año. Los resultados deberán calcularse a partir de las emisiones y las reducciones efectivamente demostradas, conforme a los plazos de presentación de informes y fiscalización.
Los certificados de sostenibilidad y la oferta de SAF serán decisivos
Para demostrar el cumplimiento de las metas, las compañías podrán utilizar Certificados de Sostenibilidad de SAF, conocidos como CS-SAF. Estos documentos permiten acreditar los atributos ambientales del combustible y atribuir la reducción de emisiones al operador responsable.
La normativa también admite alternativas para cumplir una parte limitada de la meta, entre ellas créditos de descarbonización (CBIO), certificados internacionales de SAF, combustibles de aviación con bajas emisiones de carbono y certificados de reducción o eliminación de emisiones reconocidos por las normas aplicables.
El límite para utilizar estos medios alternativos será de hasta el 15 % de la meta en 2027 y 2028, y disminuirá en los años siguientes. El objetivo es permitir cierta flexibilidad sin reemplazar el papel central del combustible sostenible en el programa.
La ANAC también estableció mecanismos para evitar que una misma reducción de emisiones se contabilice más de una vez. Las empresas deberán demostrar la titularidad y el uso de los certificados presentados.
Otro desafío será garantizar que haya SAF disponible en los aeropuertos. La resolución contempla la posibilidad de ajustar la meta cuando el operador demuestre, con documentación, que no tuvo acceso a una cantidad suficiente del combustible, de acuerdo con las condiciones establecidas por la agencia.
Mientras el sistema electrónico de certificados no esté operativo, la empresa deberá acreditar el combustible utilizado mediante documentos de adquisición y pruebas de sostenibilidad.
La división de responsabilidades también está definida: la Agencia Nacional del Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles de Brasil (ANP) estará a cargo de las reglas de certificación y trazabilidad del SAF, mientras que la Agencia Nacional de Aviación Civil de Brasil (ANAC) supervisará el cumplimiento de las metas por parte de las aerolíneas.
Para las empresas sujetas a las obligaciones de 2027, el Informe de Emisiones correspondiente a ese año deberá presentarse antes del 31 de marzo de 2028, y el Informe de Cumplimiento, antes del 31 de mayo de 2028. Con base en esos datos, la ANAC podrá verificar los resultados alcanzados e identificar posibles irregularidades.

