Una jueza federal en Hawái determinó que el gobierno de Donald Trump violó la Ley de Especies en Peligro de Extinción al aprobar el arrendamiento de zonas marítimas de Samoa Americana a empresas que buscan extraer minerales del lecho marino. La decisión se conoció días antes de la subasta, prevista para este jueves 19 y que habría sido la primera de este tipo en aguas estadounidenses.
Según informó el Honolulu Star-Advertiser, la jueza Jill Otake dictó el fallo el lunes 16 y dejó sin efecto un dictamen del Servicio Nacional de Pesca Marina (NMFS). En ese dictamen, el organismo concluyó que el arrendamiento probablemente no dañaría el ecosistema marino. Sin embargo, la jueza consideró que el análisis solo examinó los efectos iniciales de la subasta y ni siquiera intentó evaluar qué ocurriría después, cuando comenzara efectivamente la minería.
Quién presentó la demanda
La demanda fue presentada en agosto por Earthjustice, en nombre del grupo Fa’asao Amerika Samoa y del Conservation Council for Hawai’i. Es la primera acción judicial exitosa contra el plan del gobierno para explotar el lecho marino. Hay otras demandas en curso relacionadas con las Islas Marianas del Norte y la Zona Clarion-Clipperton, en aguas internacionales.
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El gobierno argumentó que el arrendamiento solo permitiría realizar investigaciones y que las empresas todavía tendrían que cumplir otras etapas antes de empezar a extraer minerales. Por su parte, el abogado Chris Eaton, de Earthjustice, afirmó que el objetivo del arrendamiento es precisamente sentar las bases para la minería.
Por qué el gobierno quiere explotar el lecho marino
En abril de 2025, Trump firmó una orden ejecutiva para acelerar la minería en el lecho marino y reducir la dependencia de minerales críticos procedentes de China. De esa orden surgió la Administración de Minerales Marinos (Marine Minerals Administration), organismo que llevaría adelante la subasta. Empresas como la canadiense The Metals Co. e Impossible Metals tienen interés en la región.
La minería del lecho marino nunca se ha realizado a escala comercial, y los científicos advierten que sus impactos aún se conocen poco.
Todavía no está claro si la subasta se llevará a cabo. Eaton dijo que no le sorprendería que el gobierno mantuviera la subasta, pero que, sin un dictamen ambiental válido, sería ilegal. El gobierno también puede apelar la decisión.
