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Este miércoles, 19 de junio, la junta de la ANP otorgó a Enauta, antigua Queiroz Galvão, la aprobación para la cesión compulsoria de la participación de Dommo, antigua OGX, en el campo de Atlanta, BS-4.
La decisión es una de las etapas para la formalización de las acciones de Dommo Energía para Enauta y Barra Energía, que pasarán a tener formalmente, cada una, el 50% en el contrato BS-4, donde está el campo de Atlanta, en el pos-sal de la Cuenca de Santos. Con el fin de apropiarse de la producción y reservas, las compañías ya consideraban la salida de Dommo, basándose en decisiones arbitrales de 2018, retroactivas a octubre de 2017.
El motivo de la cesión compulsoria es la morosidad de Dommo en el consorcio, que dejó de pagar su parte en los gastos de exploración y desarrollo del campo de Atlanta. Al final del primer trimestre de este año, Enauta informó en sus resultados que la deuda de Dommo era de R$ 21,6 millones para cada una de las exsocias.
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La ANP también aprobó la solicitud de Enauta para la suspensión de los contratos de los bloques FZA-M-90 (Foz do Amazonas) y PAMA-M-265 y PAMA-M-337 (Pará-Maranhão), todos de la 11ª ronda, en la Margen Ecuatorial. La junta de la agencia acordó con la solicitud de la empresa de que los proyectos están retrasados por falta de licencia ambiental del Ibama.
Con la suspensión, deja de correr el plazo para la perforación de pozos previstos en el programa exploratorio: al menos uno debe ser perforado en cada bloque.
por epbr
Dommo quiere ser indemnizada por ‘perjuicios financieros provocados’ por Petronas
Dommo Energía (DMMO3) presentó un requerimiento de arbitraje ante la Cámara de Comercio Internacional contra Petronas Brasil E&P Ltda.
La información consta en un comunicado enviado al mercado este miércoles, 19, después de la sesión.
Dommo afirmó que la decisión es “como consecuencia de las violaciones a los términos del Farmout Agreement celebrado el 7 de mayo de 2013 y a las disposiciones legales inherentes”.
La petrolera (antigua OGX) informó que pretende ser indemnizada por todos “los perjuicios financieros provocados por Petronas, teniendo en cuenta la utilización de fraude para evitar la concretización de la operación”.
Según la empresa, la ley inglesa es aplicable a la disputa, que se tramita en Río de Janeiro.
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