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En paralelo, el gobierno de Bolsonaro también editó una medida provisional (MP) que establece el fin del monopolio de la Casa de la Moneda en la fabricación de papel moneda.
Hoy, 5 de noviembre, fue firmado por el presidente Jair Bolsonaro el proyecto de ley que define el modelo de privatización de Eletrobras, actual responsable de cerca de un tercio de la capacidad de generación y la mitad de la transmisión de energía en Brasil. La Privatización de la compañía genera expectativa de R$ 16,2 mil millones al Gobierno.
Según la materia, que aún deberá ser deliberada por el Congreso Nacional, la desestatización de Eletrobras ocurrirá mediante un proceso de capitalización que diluirá la participación de la Unión en la compañía.
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De acuerdo con la secretaria ejecutiva del Ministerio de Minas y Energía, Marisete Pereira, el proyecto presume también que el proceso puede involucrar una oferta adicional, secundaria.
La capitalización de la compañía está prevista para el segundo semestre de 2020 y deberá generar recursos para que Eletrobras pague al Tesoro 16,2 mil millones de reales a título de bono de otorgamiento, a cambio de la renovación en condiciones más ventajosas de los contratos de una serie de hidroeléctricas antiguas.
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Actualmente la Unión posee el 40,99% del capital social de Eletrobras, pero con el 51% de las acciones ordinarias, con derecho a voto.
Pero el proyecto de ley de desestatización preverá que ninguno de los accionistas de la estatal podrá tener más del 10% de los votos, ni siquiera la Unión, afirmó el ministro de Minas y Energía, Bento Albuquerque.
El Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) tiene el 5,51% del capital, mientras que el brazo de participaciones del banco estatal, BNDESPar, tiene el 10,48%.
En paralelo, el gobierno de Bolsonaro también editó una medida provisional (MP) que establece el fin del monopolio de la Casa de la Moneda en la fabricación de papel moneda.
Eletrobras tuvo su creación propuesta en 1954 por el entonces presidente Getúlio Vargas y salió del papel efectivamente en 1962, bajo la presidencia de João Goulart.
Los activos de la estatal llegaron a ser objeto de estudios para privatización en los años 90, durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, cuando una subsidiaria en la región Sur llegó a ser vendida, pero los planes no avanzaron debido a la resistencia política.
Más recientemente, en la gestión de Michel Temer, el Ministerio de Minas y Energía retomó las discusiones sobre la desestatización.
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