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Además de la minería y de retirar el poder de veto de los indígenas originarios, el Gobierno federal también quiere que se construyan hidroeléctricas en las áreas de las reservas
El presidente de la república Jair Messias Bolsonaro ya hace algún tiempo buscaba quitar a los indígenas su poder con respecto a las áreas de reserva ambiental. Con la salida de Rodrigo Maia de la presidencia de la Cámara de Diputados, puede decirse que Bolsonaro logró “eliminar a un enemigo”, teniendo ahora como presidente de la Cámara, Artur Lira, un aliado fiel. Bolsonaro entonces lanzó un proyecto que puede traer una constante amenaza a las tierras indígenas y también a la población brasileña en general, pues este proyecto básicamente busca unir al gobierno federal a la extracción ilegal de minerales y piedras preciosas.
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Proyecto de Ley del Gobierno Federal
Se puede destacar la aprobación del PL 191, que fue elaborado por los ministerios de Minas y Energía y de Justicia, que en ese momento estaba dirigido por el ex-juez Sergio Moro. Este proyecto de ley busca la liberación de la minería en tierras indígenas, además de quitar el poder de veto de los pueblos originarios de las tierras, veto que está previsto en la Constitución.
El PL del Gobierno Federal autoriza también el cultivo de plantas transgénicas y la construcción masiva de hidroeléctricas, anulando cualquier intervención a las actividades pecuarias, exploración de petróleo y gas y al turismo en las tierras indígenas. Según críticas de la revista Carta Capital, “ni el ministro del Medio Ambiente Ricardo Salles, que recomendó ‘pasar la boiada’, haría mejor.”
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Puertas abiertas al garimpo ilegal
Para el especialista y activista Danicley Aguiar, el Gobierno Federal no percibe que actuando de esta forma solo le dará aún más poder a los garimpeiros que actúan en la ilegalidad. Además de esta práctica, otra cuestión también acaba siendo involucrada: compra y esclavización de indígenas y personas que se encuentran en alto nivel de pobreza.
“El garimpo es fruto de la completa ausencia de política pública y de una política desarrollista de la Amazonía. Ella acabó aprisionada en una lógica energética y agropecuaria totalmente provinciana y colonial. La actividad es depredadora y esclaviza al pueblo de la Amazonía, que no sabe lo que es el Estado”, relata Danicley Aguiar, activista de Greenpeace que vive hace 45 años en territorio amazonense.
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