Propuesta en análisis amplía las sanciones para conductores ebrios involucrados en accidentes graves, con multas elevadas, suspensión prolongada de la licencia de conducir y obligación de costear los gastos de las víctimas, además de indemnizaciones proporcionales a la gravedad de las consecuencias.
Un proyecto de ley en tramitación en la Cámara de Diputados propone ampliar las sanciones aplicadas a los conductores sorprendidos bajo la influencia del alcohol cuando haya un siniestro con víctimas, elevando significativamente el impacto financiero y administrativo de las penalidades.
Según el texto presentado, la penalidad puede ascender a R$ 29.347 y a 10 años de suspensión del derecho a conducir en los casos en que el suceso resulte en muerte, siempre que se compruebe la responsabilidad directa del conductor en el episodio.
Proyecto de ley sobre alcohol al volante
Presentado por el diputado Gilvan Máximo, el PL 3.574/2024 propone alteraciones en el Código de Tránsito Brasileño con el objetivo de endurecer la respuesta administrativa en situaciones que involucran la conducción bajo los efectos del alcohol.
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Actualmente en análisis en la Comisión de Vías y Transportes, el asunto, según el registro más reciente, espera el dictamen del ponente Marcos Tavares, etapa necesaria para avanzar en las demás fases de tramitación dentro de la Cámara.
Hoy, la legislación vigente ya considera la conducción bajo la influencia del alcohol una infracción gravísima, previendo una multa multiplicada por diez y la suspensión del derecho a conducir, además de otras medidas administrativas aplicables al conductor multado.
Con el valor base de la infracción gravísima fijado en R$ 293,47, la penalidad actualmente aplicada asciende a R$ 2.934,70, pudiendo ser agravada en casos de reincidencia, conforme a las reglas ya establecidas en el propio Código de Tránsito Brasileño.
¿Qué cambia en las multas y suspensión de la licencia de conducir?
Al introducir un agravamiento específico para casos con víctimas, el proyecto crea una diferenciación clara entre la infracción común y situaciones en las que hay consecuencias más severas, como muerte o invalidez permanente derivadas del siniestro.
Cuando haya muerte de la víctima, la propuesta establece una multa equivalente a 100 veces el valor de la infracción gravísima, lo que, considerando los parámetros actuales, resulta en una penalidad total de R$ 29.347 aplicada al conductor responsable.
Además de la multa elevada, el texto determina que el conductor quede impedido de conducir por 10 años, ampliando significativamente el período de suspensión en comparación con las reglas hoy en vigor para este tipo de infracción.
En los casos en que el accidente resulte en invalidez permanente, la propuesta fija una multa correspondiente a 50 veces el valor de la infracción gravísima, alcanzando el monto de R$ 14.673,50 con base en los valores actuales.
En esa situación, el plazo de suspensión del derecho a conducir sería de cinco años, estableciendo una gradación de penalidades proporcional a la gravedad de las consecuencias causadas a la víctima involucrada en el siniestro.
Además de las sanciones administrativas, el texto añade un conjunto de obligaciones financieras al conductor responsabilizado, ampliando el alcance de las sanciones más allá de la multa y la suspensión de la licencia de conducir.
Entre esas medidas, se encuentra la exigencia de que el conductor asuma todos los gastos hospitalarios de la víctima, independientemente del tiempo necesario para el tratamiento o la recuperación después del accidente.
También está prevista la obligación de pago de indemnización de hasta diez veces el valor de la multa por infracción gravísima, considerando el período en que la víctima permanezca incapacitada para ejercer sus actividades habituales.
En caso de que el responsable no posea patrimonio suficiente para asumir esos costos, el proyecto prevé la posibilidad de fijar una pensión equivalente al 30% sobre la pensión del acusado, como forma de garantizar una compensación continua.
Tramitación del PL 3.574/2024 en la Cámara
Desde que fue presentado, el proyecto fue remitido para análisis de las comisiones de Vías y Transportes y de Constitución y Justicia y de Ciudadanía, siguiendo el rito ordinario previsto para este tipo de proposición.
Con tramitación conclusiva en las comisiones, el texto puede avanzar sin necesidad de votación en el plenario, siempre que no haya recurso, lo que acelera el proceso legislativo en comparación con otras propuestas.
En marzo de 2025, el diputado Marcos Tavares fue designado como ponente en la comisión temática, quedando responsable de analizar el contenido y presentar un dictamen sobre la propuesta.
Cerrado el plazo para la presentación de enmiendas, no hubo sugerencias formales de modificación al texto, lo que mantiene la redacción original como base para el análisis legislativo en las etapas siguientes.
Paralelamente, otra propuesta relacionada con el mismo tema comenzó a tramitar en conjunto con el proyecto principal, ampliando el alcance del debate dentro de la comisión responsable del análisis.
Se trata del PL 858/2025, que prevé la pérdida definitiva del derecho a conducir para conductores sorprendidos bajo el efecto del alcohol, y que fue anexado al texto original para su tramitación conjunta.
A pesar de la repercusión y del avance formal dentro de la Cámara, el proyecto todavía no está en vigor, dependiendo de la aprobación en las dos Cámaras del Congreso Nacional y posterior sanción presidencial.
Justificación del autor del proyecto
En la justificación presentada junto al proyecto, el autor argumenta que la violencia en el tránsito sigue produciendo números elevados de víctimas, manteniéndose como uno de los principales desafíos relacionados con la seguridad pública en el país.
Según el texto, “el número de muertes en las calles y carreteras de Brasil supera a los registrados en los recientes conflictos armados y pandemias”, indicando la dimensión del problema señalado por el parlamentario.
Aún de acuerdo con la argumentación, habría una percepción de normalización de estos episodios, lo que, en la evaluación del autor, contribuye a la persistencia de comportamientos de riesgo entre los conductores.
En este contexto, el proyecto sostiene que una parte relevante de los accidentes graves estaría asociada al consumo de alcohol, lo que justificaría la adopción de medidas más rigurosas para cohibir este tipo de conducta.
Con esto, la propuesta busca ampliar tanto el rigor de las sanciones administrativas como el peso de las consecuencias financieras impuestas al conductor responsabilizado por accidentes con víctimas.
Al establecer sanciones más severas para situaciones de mayor gravedad, el texto pretende crear un mecanismo de desestímulo a la práctica de conducir bajo el efecto del alcohol, especialmente en escenarios con consecuencias irreversibles.
El análisis del proyecto en las comisiones debe concentrar el debate en aspectos como la proporcionalidad de las sanciones y la efectividad de las medidas para la reducción de accidentes y muertes en el tránsito brasileño.

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