Prometiendo Fertilizantes y Autonomía Energética, el Proyecto de la Futura Mayor Minería de Uranio de Brasil Enfrenta Fuerte Resistencia de Comunidades y Científicos que Alertan sobre Riesgos de Contaminación y Falta de Agua.
En el sertão de Ceará, un proyecto de minería a gran escala coloca en ruta de colisión dos visiones opuestas de futuro. Por un lado, la promesa de desarrollo, autosuficiencia en fertilizantes y energía. Por el otro, el temor de un desastre ambiental y social. Se trata del Proyecto Santa Quitéria (PSQ), planeado para ser la mayor minería de uranio de Brasil, y que hoy es el centro de un intenso debate técnico, jurídico y humano.
Ubicado en el yacimiento de Itataia, entre los municipios de Santa Quitéria e Itatira, el emprendimiento propone la explotación de un mineral que asocia fosfato y uranio. Mientras sus defensores lo ven como un pilar para la soberanía nacional, una amplia frente de oposición, formada por comunidades locales, investigadores e instituciones públicas, alerta sobre riesgos que consideran inaceptables.
¿Qué es el Proyecto Santa Quitéria y quién está detrás de él?
El proyecto es una iniciativa del Consorcio Santa Quitéria, una alianza entre la estatal Industrias Nucleares de Brasil (INB), que detenta los derechos de explotación, y la empresa privada Galvani Fertilizantes. La inversión total prevista es de R$ 2,3 billones para la construcción de un complejo mineroindustrial.
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La producción anual proyectada es de 1,05 millón de toneladas de fertilizantes fosfatados, 220 mil toneladas de fosfato para ración animal y 2.300 toneladas de concentrado de uranio. El uranio, conocido como «yellowcake», sería destinado al abastecimiento de las plantas nucleares de Angra dos Reis (RJ).
La disputa por el agua, el punto central del conflicto en el semiárido

Quizás el punto más crítico del proyecto sea el uso del agua. En una región semiárida, donde la seguridad hídrica es una preocupación constante, el proyecto prevé un consumo de hasta 1.036 metros cúbicos de agua por hora. Este volumen sería extraído del Açude Edson Queiroz, principal reservorio que abastece la región.
Para las comunidades locales y opositores, esta demanda es insostenible. El volumen equivale a 54 camiones cisterna por hora, una cantidad que, según ellos, privatizaría un bien común y vital para el consumo humano y para la agricultura de subsistencia, generando un conflicto inminente por el recurso.
Los riesgos para la salud y el medio ambiente apuntados por la ciencia
La crítica más contundente al proyecto viene de la academia. Un dictamen técnico-científico producido por más de veinte investigadores de la Universidad Federal de Ceará (UFC), a pedido del Ministerio Público, concluyó que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) del consorcio contiene «omisiones e insuficiencias» críticas.
El estudio de la UFC alerta sobre riesgos de contaminación del aire, del suelo y del agua por polvo tóxico y metales pesados, además de la radiactividad. Los investigadores señalan fallas graves en el análisis, como la falta de un estudio sobre los niveles de radiación ya existentes en la fauna y flora, lo que torna imposible monitorear el impacto futuro del emprendimiento.
El histórico de la otra minería de uranio de Brasil
La desconfianza en relación a las promesas de seguridad del consorcio se alimenta por el histórico de la única otra minería de uranio de Brasil en operación, ubicada en Caetité, en Bahia, y también administrada por la INB. La experiencia bahiana, que opera desde el año 2000, está marcada por denuncias de contaminación y accidentes.
Informes de organizaciones como Greenpeace, datados de 2008, ya señalaban la contaminación de pozos de agua por uranio en Caetité. Este precedente es utilizado por la oposición para cuestionar la credibilidad de la INB y transformar el debate de una discusión sobre proyecciones a un análisis de hechos ya ocurridos.
El impasse en el licenciamiento, una batalla de dictámenes y audiencias
El licenciamiento del Proyecto Santa Quitéria es complejo y se arrastra desde hace años. En febrero de 2019, el IBAMA llegó a archivar el proceso, considerando el proyecto ambientalmente inviable, principalmente por la cuestión del agua. Sin embargo, en 2020, el consorcio presentó un nuevo estudio, reiniciando el proceso.
Actualmente, el proyecto está bajo análisis del IBAMA para la concesión de la Licencia Previa. En mayo de 2024, la Comisión Nacional de Energía Nuclear (CNEN) concedió una «Aprobación del Lugar», un paso inicial en el licenciamiento nuclear, pero que no garantiza la licencia ambiental. Las audiencias públicas, realizadas en marzo de 2025, fueron marcadas por fuertes protestas, y la decisión final del IBAMA aún se espera.

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