Las florestas brasileñas pueden crecer 8 millones de hectáreas hasta 2035, según estudio citado por Exame, pero el cambio depende del agronegocio, del agua, de la restauración y del combate a la deforestación ilegal para transformar conservación en activo económico antes de que crisis afecten cultivos, energía e ingresos en el campo brasileño entero.
Las florestas pueden volver a crecer en Brasil en una escala comparada a dos veces el territorio de Suiza hasta 2035, según análisis de una coalición de instituciones ligadas a investigación, filantropía y sector productivo. La proyección apunta a un aumento de 8 millones de hectáreas, con el agronegocio en el centro del cambio, ya que gran parte de las áreas protegidas está dentro de propiedades rurales privadas.
La información es de Exame, en publicación del 5 de julio de 2026, a las 12h10, firmada por Lia Rizzo. El reportaje trata del estudio “El Protagonismo de las Florestas Brasileñas en la Agenda Climática Global”, que proyecta la expansión de la cobertura forestal brasileña y defiende que conservación, agua, agricultura y energía pasen a ser vistas como una misma agenda económica.
Agro aparece como pieza central del cambio forestal

Durante mucho tiempo, el debate sobre florestas en Brasil fue tratado como una disputa entre conservar y producir. El estudio citado por Exame presenta una lectura diferente: parte relevante de la conservación nacional ya está dentro de inmuebles rurales, a través de Reservas Legales y Áreas de Preservación Permanente previstas en el Código Forestal.
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De acuerdo con el análisis, cerca del 42% de las áreas protegidas del país están en propiedades rurales privadas. Esto coloca al agronegocio en una posición decisiva: no es solo usuario de la tierra, sino también poseedor de un enorme capital natural que aún busca reconocimiento económico.
Estudio proyecta 8 millones de hectáreas adicionales hasta 2035
La proyección más llamativa es la posibilidad de que Brasil pase de 517 millones de hectáreas de bosques a 525 millones hasta 2035. El aumento de 8 millones de hectáreas equivale, según el reportaje, a dos veces el territorio de Suiza.
Esta expansión no vendría de un solo frente. El estudio considera restauración, regeneración, bosques plantados, integración entre producción y conservación y recuperación de áreas degradadas. El cambio central es transformar áreas hoy vistas como obligación ambiental en activos capaces de generar valor para productores, empresas y comunidades.
El agua pasa a pesar más que el carbono en el debate
En los últimos años, gran parte de la conversación global sobre bosques se concentró en carbono y créditos negociables. Ahora, con sequías, incendios y crisis hídricas afectando producción agrícola, energía e infraestructura, el estudio desplaza parte del foco hacia el agua.
La idea es tratar los bosques como una infraestructura natural. Ayudan a regular lluvias, proteger el suelo, mantener manantiales y reducir riesgos para cadenas productivas. Cuando falta agua, el impacto deja de ser solo ambiental y pasa a afectar cultivos, hidroeléctricas, transporte, seguros y cuentas públicas.
Ríos voladores entran en la cuenta económica del agro
Uno de los datos más fuertes citados por el reportaje involucra los llamados ríos voladores de la Amazonía Legal. Según investigación divulgada en 2026 en Communications Earth & Environment, citada en el estudio, estas corrientes de humedad generan precipitaciones valoradas en cerca de US$ 20 mil millones anuales para la agricultura.
Este punto cambia la forma de ver los bosques. En lugar de aparecer solo como áreas protegidas distantes de la producción, pasan a ser tratadas como parte del sistema que sostiene la productividad agrícola. Sin estabilidad hídrica, el costo de producir puede aumentar, especialmente en regiones que hoy dependen más de la lluvia que de la irrigación.
Las hidroeléctricas también dependen de la cobertura vegetal
El estudio también acerca la agenda forestal a la energía. Beto Veríssimo, cofundador de Imazon y enviado especial de la COP30, afirma en el reportaje que casi el 75% de la matriz hidroeléctrica brasileña está ligada al bosque, incluyendo plantas de la Amazonía y de la cuenca del Paraná.
La lógica es simple: lluvias, evaporación y cobertura vegetal se conectan. Cuando los bosques pierden capacidad de regular el ciclo del agua, la generación hidroeléctrica también puede sentir el impacto. Por eso, la conservación deja de ser un tema aislado y pasa a conversar directamente con la seguridad energética.
Los bosques plantados avanzan con celulosa y etanol de maíz
Parte de la expansión proyectada puede provenir de cadenas productivas ya estructuradas. La celulosa es el ejemplo más maduro, con fincas que combinan plantación comercial y áreas de conservación en mosaicos productivos. Según el reportaje, esta expansión suele ocurrir sobre pastizales degradados, no sobre vegetación nativa.
Otra frontera proviene de los biocombustibles. El etanol de maíz, que representó el 22% de la producción nacional de etanol en la cosecha 2024/2025, depende de biomasa forestal, principalmente eucalipto, para el secado del grano. En este escenario, el agro deja de ser solo productor de alimentos y energía, y pasa también a invertir en bosques plantados.
La restauración intenta convertirse en tesis de inversión
Además de las cadenas de celulosa y biocombustibles, la restauración aparece como una tercera frente. El reportaje cita un levantamiento preliminar de Agroicone con el movimiento Floraz, que identificó 2,6 millones de hectáreas aptas en cerca de 8 mil propiedades, en un escenario conservador.
Estas áreas generalmente están degradadas o tienen baja aptitud agrícola. Por eso, pueden convertirse en objetivo de asociaciones e inversiones en sistemas agroforestales, carbono, alimentos, biomateriales y bioenergía. El desafío es probar, medir y valorar el beneficio generado por los bosques antes de transformar esta agenda en un mercado robusto.
El cuello de botella está en medir antes de vender
A pesar del potencial, el capital privado aún no fluye a la velocidad necesaria. El estudio señala la necesidad de instrumentos financieros, garantías y modelos capaces de reducir el riesgo. Pero hay un problema anterior: caracterizar y medir con claridad los servicios ecosistémicos.
El carbono ya tiene métricas más conocidas. El agua es más tangible, pero aún necesita modelos consistentes. La biodiversidad es más compleja. Sin medir bien estos activos, es difícil transformar la conservación en ingresos de manera creíble, transparente y aceptada por compradores, productores e inversores.
La deforestación ilegal sigue siendo punto de partida
Incluso con la propuesta de transformar bosques en activo económico, el reportaje deja claro que lo básico sigue siendo ineludible: combatir la deforestación ilegal. Waack y Veríssimo defienden tolerancia cero y señalan la implementación del Código Forestal como etapa esencial.
También entran en esta cuenta la validación del Registro Ambiental Rural, restricción de crédito a quienes deforestan, pago por servicios ambientales e incentivos a municipios con menor deforestación. El cambio depende de sacar la conservación de la lógica de costo y colocarla en la lógica de valor para quienes mantienen el bosque en pie.
Brasil puede entrar en una curva de recuperación
El reportaje cita la idea de transición forestal, utilizada para explicar países que derribaron su cobertura vegetal en fases de crecimiento y luego comenzaron a recuperarla. El argumento es que Brasil puede haber pasado por el punto más bajo de esa curva y ahora tendría condiciones para crecer en cobertura.
La diferencia brasileña está en el costo de la transición. Mientras que los países desarrollados necesitan cambiar bases energéticas caras para reducir emisiones, Brasil tiene en la deforestación una de las grandes fuentes del problema. Reducir esta pérdida puede generar ganancia climática sin sacrificar la economía productiva.
Lo que la disputa por los bosques revela sobre el futuro del país
La proyección de 8 millones de hectáreas adicionales hasta 2035 muestra que Brasil tiene una oportunidad rara: ampliar bosques, proteger agua, sostener cultivos, reducir riesgos energéticos y crear nuevas formas de ingreso en el campo. Pero este cambio depende de gobernanza, métricas confiables, combate a la deforestación ilegal y participación real del agronegocio.
La pregunta que queda es directa: ¿el productor rural debe ser visto solo como responsable de preservar áreas obligatorias o también como pieza central para transformar la conservación en valor económico? ¿Crees que Brasil puede lograr este cambio antes de que el agua se convierta en un cuello de botella para cultivos y energía? Deja tu opinión en los comentarios.
